Paro universitario nacional: docentes y no docentes profundizan medidas de fuerza

Los docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) Adhirieron este miércoles 28 de octubre al paro nacional universitario, en una disputa que combina reclamos salariales, financiamiento institucional y cuestionamientos por la continuidad de las clases.

Adicus y APUNSJ confirmaron su participación en la jornada, mientras que el primero también se sumará a la huelga semanal convocada por CONADU Histórica, prevista hasta el 3 de noviembre.

La protesta exige que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y revise la política salarial aplicada a docentes y trabajadores de las casas de altos estudios. El desacuerdo se profundizó luego de que la administración de Javier Milei ofreciera un aumento del 3% en la última instancia paritaria, propuesta que recibió objeciones de las organizaciones gremiales.

El reclamo tuvo una expresión masiva en la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre y continuará ahora con nuevas medidas de fuerza. Los sindicatos sostienen que la pérdida del poder adquisitivo y las restricciones presupuestarias comprometen tanto las condiciones laborales como el funcionamiento de las instituciones públicas.

La continuidad de las clases, bajo discusión judicial

La falta de clases en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan trasladó el conflicto a la Justicia Federal tras un reclamo de padres

Ante esa presentación, la universidad llevó a la Justicia Federal un plan de adecuación de contenidos. La medida busca atender las consecuencias académicas derivadas de las interrupciones, mientras las huelgas continúan sujetas a la adhesión de los trabajadores.

El episodio expone una dificultad adicional para las autoridades universitarias: compatibilizar el derecho a la protesta sindical con la continuidad de las trayectorias educativas. Por el momento, la convocatoria gremial para este miércoles se mantiene.

Una negociación salarial sin acuerdo

La oferta oficial de una suba del 3% se convirtió en uno de los principales puntos de desacuerdo entre el Gobierno y las organizaciones docentes. Los gremios consideran insuficiente la propuesta frente al deterioro acumulado de los ingresos y reclaman, además, la aplicación efectiva de la ley que regula el financiamiento universitario.

Con el conflicto todavía abierto, la discusión ya no se limita a la actualización de los salarios: también compromete la previsibilidad presupuestaria de la UNSJ y la organización del calendario académico. La evolución de la negociación nacional y las decisiones judiciales serán determinantes para establecer cuánto más se prolongará la interrupción de las clases.