La CGT advierte que las obras sociales están al borde del colapso

La CGT encendió una nueva señal de alarma por el deterioro financiero de las obras sociales sindicales, cuyos déficits obligan a los gremios a transferir recursos propios para evitar mayores recortes en la atención médica. Después de tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, la central obrera sostiene que no obtuvo respuestas a sus propuestas y advierte que la crisis ya compromete el funcionamiento de las organizaciones sindicales.

El titular del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, comparó la situación con la de los años noventa, cuando las dificultades financieras de las obras sociales y los sindicatos se retroalimentaron. Según advirtió, el dinero que hoy destinan los gremios a cubrir gastos sanitarios reduce los recursos disponibles para sostener escuelas, campings, vacaciones y otras prestaciones para sus afiliados. Tras el último encuentro con el Gobierno, realizado a fines de septiembre en la sede de la UOCRA, fuentes cegetistas señalaron que el panorama empeoró.

El financiamiento de la discapacidad, en el centro del reclamo

Uno de los principales puntos de discusión es el Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que recibe aportes de trabajadores y empleadores y permite compensar gastos de las obras sociales. De acuerdo con el informe de la CGT, cerca del 90% de sus recursos se destina actualmente a prestaciones vinculadas con la discapacidad, con un costo mensual estimado en $160.000 millones.

La central sostiene que esa proporción creció de manera marcada: en 2017, el rubro representaba el 22% del fondo. El aumento habría reducido el margen disponible para financiar tratamientos de alta complejidad y medicamentos de elevado costo.

Frente a ese cuadro, la CGT reclama que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad sean financiados por las áreas estatales correspondientes y que los recursos se transfieran al fondo para liberar capacidad de cobertura sanitaria. El planteo ya había sido presentado durante el gobierno de Alberto Fernández, sin obtener la respuesta que esperaba la dirigencia sindical.

Aportes que no alcanzan para cubrir las prestaciones

El diagnóstico gremial también señala un desajuste entre los ingresos del sistema y el costo de la atención. Más de 11 millones de beneficiarios —el 78,5% del padrón de las obras sociales nacionales— no generarían recursos suficientes para financiar el Programa Médico Obligatorio (PMO), según las cifras difundidas por la central.

El problema se agrava por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y el encarecimiento de los servicios médicos. La CGT estima que el poder de compra de los ingresos laborales cayó alrededor de un 30%, mientras que la capacidad para adquirir medicamentos se redujo, en promedio, un 40%.

El informe también cuestiona el aporte de los monotributistas, que sería un 78% inferior al costo estimado del PMO. En el caso de los jubilados que conservan su afiliación, calcula una transferencia de unos $53.000 por persona frente a una recaudación cercana a $159.000, una diferencia que presiona sobre las cuentas de las entidades.

A esos factores se suman, según el documento, los valores de facturación de determinados hospitales públicos y la falta de autorización previa para algunas prácticas programadas, cuestiones que la central considera necesario revisar.

El sanitarista Luis Scervino, asesor de la CGT y ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, resumió el problema como una brecha cada vez mayor entre los aportes que ingresan y los gastos asistenciales. La pérdida salarial y la suba de los costos médicos dejan diferencias que, en numerosos casos, terminan judicializadas. «Es una olla a presión», advirtió.

La ausencia de un consenso con el Poder Ejecutivo traslada la crisis a dos sectores clave: los beneficiarios, afectados por dilaciones y recortes en los servicios, y las organizaciones sindicales, forzadas a utilizar recursos propios para mantener las prestaciones. La dirigencia gremial sostiene que la salida definitiva exige reestructurar el modelo de financiamiento y delimitar las responsabilidades estatales, garantizando que no se degrade la asistencia médica.