Media sanción a la Ley de Discapacidad: qué cambia en las pensiones y las prestaciones

La Cámara de Diputados dio media sanción a un nuevo proyecto de Ley de Discapacidad que busca garantizar la continuidad de las prestaciones, proteger los ingresos de los beneficiarios y establecer obligaciones presupuestarias para el Estado nacional. La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, nueve en contra y cuatro abstenciones, tras un acuerdo entre bloques parlamentarios y representantes de organizaciones vinculadas con el colectivo.

El texto deberá ser tratado por el Senado y procura sostener las herramientas de financiamiento y protección de derechos frente a los recortes contemplados en el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, desde las organizaciones advierten que la aprobación parlamentaria no resuelve por sí sola la emergencia que atraviesa el sistema.

Uno de los puntos centrales es el artículo 7, que establece que, si los gastos necesarios para cumplir con las prestaciones superan los créditos disponibles en los programas previstos, el excedente deberá cubrirse mediante una compensación presupuestaria con fondos del Tesoro.

La propuesta también dispone que las leyes de presupuesto deberán contemplar recursos suficientes para sostener el sistema y establece que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. Además, faculta a la Jefatura de Gabinete a efectuar las reasignaciones presupuestarias necesarias para asegurar la continuidad de las prestaciones.

Estas obligaciones constituyen uno de los aspectos más sensibles del proyecto, porque condicionan la capacidad del Ejecutivo de reducir los recursos destinados a la atención de las personas con discapacidad. La aplicación efectiva de esas garantías dependerá, de todos modos, de la sanción definitiva de la norma y de su cumplimiento presupuestario.

Pensiones compatibles con el empleo

Otro cambio relevante es la preservación de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad para quienes accedan a un trabajo registrado o se inscriban en los regímenes tributarios general o simplificado.

Según el artículo 9, los beneficiarios podrán conservar la pensión mientras sus ingresos laborales no superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Si exceden ese límite, el pago quedará suspendido durante el período en que se mantenga esa condición.

El designio prevé, además, que la prestación pueda rehabilitarse de manera inmediata cuando termine la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite establecido. El mecanismo busca evitar que el acceso a un empleo formal implique, automáticamente, la pérdida definitiva del beneficio.

La iniciativa también ratifica, según los términos difundidos durante su presentación, la referencia de la pensión al 70% del haber mínimo jubilatorio y contempla mecanismos para preservar su valor real. La aplicación concreta de estas disposiciones deberá analizarse a la luz del texto definitivo que apruebe el Congreso.

Deudas con prestadores y continuidad de la atención

El incorpora obligaciones para regularizar los pagos pendientes a instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad. Si al momento de la sanción definitiva quedan compensaciones sin completar, el Gobierno deberá presentar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días y concluir los pagos en un plazo máximo de 90 días.

También establece la obligación de garantizar las prestaciones médicas básicas, una cuestión clave para centros de atención, transportistas, acompañantes terapéuticos y otros prestadores que sostienen servicios esenciales.

La propósito mantiene, además, herramientas como el nomenclador universal y el arancel unificado, destinadas a establecer referencias comunes para los valores de las prestaciones en todo el país.

Eduardo Maidana, integrante del Foro Permanente de Discapacidad, valoró el consenso alcanzado, aunque advirtió que la emergencia continúa. “No estamos en contra de las auditorías, pero hay que respetar las condiciones de cada persona”, señaló en declaraciones a Medios Rioja, y remarcó que el presupuesto sigue siendo una cuestión pendiente.

La media sanción abre una nueva instancia institucional para definir el financiamiento y las garantías del sistema. La prueba decisiva será que las obligaciones establecidas en la ley se traduzcan en recursos suficientes, pagos regulares y continuidad efectiva de las prestaciones para las personas con discapacidad y sus familias.