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La Ley de Tierras recuperó vigencia en Diputados y el proyecto regresa al Senado

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero introdujo una modificación central para su avance legislativo: restableció la vigencia de la Ley de Tierras Rurales, que limita la titularidad extranjera de campos. La iniciativa obtuvo 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, y deberá regresar al Senado para completar el trámite parlamentario.
La decisión supone revertir, mediante el proyecto aprobado, la derogación dispuesta por el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece límites a la propiedad de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras, con un tope del 15% de la titularidad en los niveles nacional, provincial y municipal.
El capítulo referido a tierras obtuvo un respaldo mucho más amplio que la votación general: reunió 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones. Esa diferencia expuso el consenso alcanzado alrededor de la restitución de la norma, aun entre legisladores que mantuvieron posiciones contrapuestas sobre el resto de la iniciativa.
El texto también incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos y el Registro de la Propiedad Inmueble. Sin embargo, la incorporación del capítulo sobre tierras alteró la versión que había recibido media sanción en la Cámara alta, por lo que el Senado deberá pronunciarse nuevamente antes de que la iniciativa pueda convertirse en ley.
Una negociación con alcance político
La incorporación de la Ley de Tierras se produjo después de que el proyecto permaneciera sin avances en Diputados y en medio de una disputa parlamentaria en torno al DNU 70/2023.
Distintas coberturas periodísticas señalaron que el oficialismo buscó ampliar sus apoyos legislativos y reducir el margen de la oposición para impulsar iniciativas propias contra el decreto.
Las seis abstenciones de la votación general —cinco correspondientes a diputados vinculados al cordobesismo y una al legislador del PRO Álvaro González— resultaron determinantes para que la propuesta alcanzara la mayoría necesaria.
La sesión continuó con el tratamiento de iniciativas vinculadas con la discapacidad y el endeudamiento familiar. En ese marco, la aprobación de la reforma de propiedad privada dejó en evidencia que el avance de la agenda oficialista dependió de acuerdos entre bloques y de concesiones sobre uno de los puntos más discutidos de la política de desregulación impulsada por el Gobierno.