Las obras sociales sindicales alertan por la crisis financiera y el deterioro de la atención

La pérdida de empleo y el aumento de los costos médicos están generando una fuerte presión sobre las finanzas de las obras sociales sindicales. La advertencia llegó al Ministerio de Salud de la Nación a través de Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y presidente de la obra social de los conductores del transporte colectivo de pasajeros, quien alertó al ministro Mario Lugones sobre el deterioro de las prestaciones.

En una comunicación dirigida al funcionario, Fernández sostuvo que las entidades de la seguridad social atraviesan una situación económica crítica, con consecuencias potenciales sobre la cobertura de millones de trabajadores y sus familias. El problema combina una menor base de aportantes con mayores gastos en medicamentos, consultas, prácticas médicas, internaciones y servicios contratados.

El colapso del sector privado —marcado por la pérdida de cobertura y profesionales— está desviando pacientes al sistema de salud público. Representantes gremiales estiman un alza de entre el 30% y el 35% en las consultas de jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires, aunque advierten que la falta de un registro nacional impide generalizar la cifra.

Medicamentos importados: una discusión por los costos

Otro foco de preocupación surgió con la disposición 5461/2026 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), publicada el 28 de agosto y vigente desde el 1 de septiembre. La norma aprobó nuevas pautas arancelarias para trámites vinculados con medicamentos y productos médicos, incluidos determinados procedimientos de importación.

El esquema establece alícuotas del 1,5% y del 1,25% sobre el valor FOB de determinadas importaciones, con condiciones y topes según el tipo de operación. La posibilidad de que esos cargos se trasladen a los precios finales encendió alertas entre actores del sistema sanitario, que ya deben afrontar tratamientos de alto costo.

Sin embargo, la ANMAT rechazó que la medida implique un aumento generalizado de los aranceles. Según el organismo, la actualización busca corregir distorsiones y mejorar la proporcionalidad de los cargos; además, señaló que cerca del 75% de los trámites de importación de medicamentos y productos médicos pasarían a pagar menos que con el esquema anterior. Por eso, el eventual impacto sobre los costos de las obras sociales dependerá de cada operación y de cómo se trasladen los cargos a lo largo de la cadena.

La Superintendencia cambia de conducción

La discusión se produce, además, mientras la Superintendencia de Servicios de Salud atraviesa un recambio de autoridades. El Gobierno aceptó la renuncia de Claudio Stivelman, efectiva desde el 6 de octubre, y designó al ingeniero Horacio Guevara al frente del organismo desde el día siguiente, mediante el Decreto 1152/2026. La Superintendencia fiscaliza y controla a los agentes del sistema nacional del seguro de salud, incluidas las obras sociales.

La administración nacional señaló que la nueva conducción dará continuidad a las políticas de reorganización del sistema, con énfasis en la libertad de elección de los beneficiarios y la competencia entre prestadores. Para las entidades sindicales, la capacidad de supervisión y la disponibilidad de recursos serán determinantes para sostener las prestaciones en medio de las dificultades financieras.

El presupuesto sanitario, otra fuente de preocupación

Las proyecciones para 2027 sumaron cuestionamientos. De acuerdo con un análisis de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), el proyecto presupuestario eleva nominalmente los recursos del Ministerio de Salud de $3,10 billones, aprobados originalmente para 2026, a $10,46 billones para el año próximo. Sin embargo, la entidad advierte que la comparación está distorsionada por la incorporación de programas que antes dependían de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al ajustar la base de comparación, FESPROSA calcula que el incremento nominal se reduce al 25,9%. Por su parte, el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) estima que los recursos reales del Ministerio y sus organismos dependientes serían en 2027 un 20,3% inferiores a los ejecutados en 2023.

El análisis también advierte sobre la evolución de los presupuestos hospitalarios: proyecta que el Hospital Posadas dispondría de recursos reales un 33,4% inferiores a los de 2023, mientras que la reducción alcanzaría el 45,3% en el Hospital Laura Bonaparte, especializado en salud mental. Se trata de estimaciones elaboradas por organizaciones independientes a partir de las partidas previstas, no de recortes ya ejecutados en 2027.

La combinación de menores ingresos contributivos, costos médicos elevados y restricciones presupuestarias amenaza con profundizar las dificultades de financiamiento de la atención sanitaria. La evolución dependerá tanto de la capacidad de las obras sociales para sostener sus prestaciones como de las decisiones nacionales sobre recursos, regulación y asistencia al sistema público. Para los sindicatos, el desafío inmediato es evitar que el deterioro financiero termine trasladándose a los trabajadores mediante una menor cobertura o mayores gastos de bolsillo.