La investigación por el Acueducto Gran Tulum suma un pedido de desafuero y cruces en Tribunales

La jueza de Garantías Mónica Lucero suspendió la audiencia de formalización por las presuntas irregularidades en la obra, luego de aceptar las justificaciones de los dos legisladores nacionales ausentes. Los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro cuestionaron la decisión y solicitaron el desafuero del senador y del diputado para garantizar su comparecencia.

La investigación por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum tuvo este miércoles una primera audiencia marcada por las ausencias del senador nacional Sergio Uñac y el diputado nacional Cristian Andino, un pedido fiscal de desafuero y fuertes diferencias entre el Ministerio Público y la jueza de Garantías Mónica Lucero. La magistrada resolvió suspender la formalización hasta que estén presentes los 11 investigados.

El procedimiento, realizado en los Tribunales de San Juan, debía permitir que los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, de la UFI Delitos Especiales, expusieran los hechos bajo investigación y las posibles responsabilidades penales. La causa se inició a partir de una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia y apunta a presuntas irregularidades en licitaciones, compras de materiales, modificaciones presupuestarias y controles de ejecución de una obra que permanece inconclusa.

Entre los primeros en presentarse estuvieron el exministro Julio Ortiz Andino, los expresidentes de OSSE Guillermo Sirerol y Sergio Ruiz, y Gustavo Mastelono, representante de Krah América Latina. La ausencia de los dos legisladores nacionales terminó condicionando el desarrollo de la audiencia.

Andino acreditó que se encontraba en Buenos Aires por motivos laborales mediante la presentación de pasajes de avión. Lucero aceptó la justificación, aunque rechazó que participara por videoconferencia. En el caso de Uñac, su abogado defensor, Marcelo Fernández, leyó una nota en la que el senador fundamentó su inasistencia con referencias a normas constitucionales, nacionales y provinciales. También adelantó que no declararía durante la audiencia y que, si decidiera hacerlo posteriormente, presentaría un escrito.

La decisión de la jueza de considerar justificadas ambas ausencias provocó la reacción de la Fiscalía. Gómez cuestionó que las obligaciones laborales pudieran justificar la falta a una audiencia de estas características y pidió el desafuero de Uñac y Andino para asegurar su comparecencia. La magistrada defendió sus atribuciones para resolver sobre las inasistencias y sostuvo que el Ministerio Público no necesitaba que ella le corriera vista de sus decisiones.

Otro de los cruces giró en torno a la designación de Fernández como defensor del senador. El fiscal pidió precisar cuándo se había formalizado el nombramiento y cuestionó inicialmente que pudiera haberse concretado minutos antes del comienzo de la audiencia. Sin embargo, el registro judicial consignaba que Uñac había designado al abogado el 5 de octubre, nueve días antes de la convocatoria.

Durante la jornada también surgió una consulta de Lucero a Julio Ortiz Andino sobre un posible vínculo familiar con una persona allegada a la magistrada, para determinar si existían motivos que pudieran justificar su apartamiento. Al cierre de la audiencia no se había informado una resolución sobre ese punto.

La causa tiene como telón de fondo una obra central para el abastecimiento de agua potable en San Juan, cuya ejecución quedó inconclusa. La próxima instancia judicial deberá permitir que la Fiscalía exponga formalmente los hechos atribuidos a los investigados y que las defensas ejerzan sus derechos, mientras se define cómo garantizar la comparecencia de todos los involucrados.