La Justicia concedió la apelación del Gobierno, pero mantiene la obligación de financiar a las universidades

El juez Martín Cormick concedió el recurso presentado por el Gobierno nacional contra el fallo que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, pero dispuso que continúe la ejecución de la medida cautelar. La Cámara deberá revisar la resolución mientras los gremios sostienen la marcha federal del 15 de octubre.

La disputa por el financiamiento universitario sumó una nueva instancia judicial sin modificar, por ahora, la obligación del Gobierno de cumplir con la cautelar vigente. El juez federal Martín Cormick concedió la apelación del Poder Ejecutivo contra la resolución que ordenó aplicar la Ley 27.795, pero dispuso que continúe el trámite para hacer efectiva esa medida mientras interviene la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

La resolución mantiene abierto el reclamo por la actualización de los salarios docentes y nodocentes, las partidas para el funcionamiento de las universidades nacionales y las becas estudiantiles. El tribunal de segunda instancia deberá determinar si confirma o revoca el fallo de primera instancia, mientras el expediente continúa su curso.

Los argumentos del Gobierno

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, cuestionó la medida por considerar que provoca perjuicios institucionales y compromete el equilibrio fiscal. En su presentación, sostuvo que la aplicación de la ley tendría efectos presupuestarios de gran magnitud sin identificar una fuente de financiamiento específica y suficiente.

La cartera también objetó la utilización del amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA). Según su planteo, la vía judicial elegida no sería adecuada para resolver una controversia que requiere establecer montos, fuentes de recursos y alcances normativos.

El Ejecutivo argumentó, además, que el financiamiento debería instrumentarse mediante reasignaciones presupuestarias y advirtió que esa alternativa comprometería una proporción significativa de los créditos disponibles para gastos primarios. Para fundamentar su posición, invocó las leyes 24.629, 24.156 y 27.798, vinculadas con la administración y ejecución del gasto público.

La discusión enfrenta así dos cuestiones centrales: el alcance de una ley aprobada por el Congreso y la posición oficial de que su cumplimiento debe ajustarse a las reglas presupuestarias y a la disponibilidad de recursos.

Los gremios ratificaron la marcha del 15 de octubre

Mientras avanza la revisión judicial, las federaciones universitarias confirmaron la Quinta Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre. La convocatoria se mantiene ante la falta de certezas sobre la aplicación efectiva de la ley y la recomposición de los ingresos del personal.

El titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), Daniel Ricci, ratificó la movilización. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que representa al personal nodocente, también anunció que sostendrá las medidas gremiales, incluidos paros escalonados en distintas instituciones.

Según las cifras difundidas por las organizaciones sindicales, el Gobierno habría cancelado el 21,3% de los montos reclamados, mientras que seguiría pendiente un 33,4% de la recomposición salarial y un 20% de los fondos vinculados con presupuesto y becas.

Con la concesión del recurso de apelación y la subsistencia de la medida cautelar, la controversia se eleva a la Cámara sin que se haya dirimido la cuestión presupuestaria. Simultáneamente, las entidades gremiales sostienen las medidas de fuerza como mecanismo de presión, demandando que la resolución judicial impacte de manera efectiva en el sistema universitario nacional.