Financiamiento universitario: el Gobierno apeló el fallo que ordena liberar los fondos

El Ejecutivo recurrió la resolución del juez Martín Cormick, que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario. Los gremios docentes y nodocentes celebraron el fallo y ratificaron la movilización del 15 de octubre.

La sentencia había hecho lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenado al Poder Ejecutivo dictar las normas necesarias para ejecutar la legislación. El pronunciamiento alcanza a las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades y a la recomposición de los salarios docentes y nodocentes.

El gobierno nacional sostiene que la aplicación integral de la norma tendría un impacto sobre las cuentas públicas y, además de la apelación, analiza alternativas jurídicas para evitar que la sentencia derive en una ejecución inmediata del gasto. La Oficina de Presupuesto del Congreso había estimado que el costo fiscal cuantificable de la ley equivaldría a 0,23% del PBI.

El fallo de Cormick cuestionó específicamente el mecanismo utilizado por el Gobierno para condicionar la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso luego del veto presidencial. El magistrado sostuvo que el Decreto 759/2025 no superaba un estándar mínimo de razonabilidad porque permitía suspender la aplicación de una norma aprobada con las mayorías legislativas requeridas.

La apelación vuelve a trasladar la disputa a la instancia superior de la Justicia Federal, mientras el financiamiento universitario continúa vinculado a la discusión salarial y presupuestaria de las casas de estudio. El Gobierno, en tanto, procura sostener su política de equilibrio fiscal y evitar que la aplicación de la ley genere una erogación inmediata.

La reacción de los gremios

Las organizaciones docentes y nodocentes celebraron la decisión judicial. Desde FATUN, que representa a los trabajadores nodocentes, señalaron que el fallo reconoce la voluntad expresada por el Congreso y lo consideraron un paso en defensa de las universidades nacionales y de sus trabajadores.

En FEDUBA, su secretario general, Pablo Perazzi, calificó la resolución como una victoria para la comunidad universitaria y sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede suspender por decreto la aplicación de una ley ratificada por el Congreso.

En la misma línea, el dirigente de CONADU Federico Montero afirmó que el fallo constituye una herramienta para reclamar el cumplimiento de la normativa y convocó a participar de la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, movilización que también cuenta con el respaldo de otras organizaciones del sistema universitario.