Financiamiento universitario: el Gobierno apelará el fallo que ordenó cumplir la ley

La Casa Rosada recurrirá la sentencia del juez Martín Cormick que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y ordenó aplicar de inmediato la Ley 27.795. El Ejecutivo sostiene que el Congreso debe definir las partidas necesarias, mientras la Justicia consideró que el decreto había condicionado la vigencia de una norma ratificada por el Parlamento.

El Gobierno nacional decidió apelar el fallo que ordenó poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y llevará el litigio a una nueva instancia judicial. La Casa Rosada prepara el recurso contra la sentencia del juez federal Martín Cormick, que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y dispuso el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.

La decisión fue confirmada este martes y se produce mientras la Procuración del Tesoro analiza los argumentos para cuestionar la resolución. En este sentido, el Ejecutivo evalúa alternativas vinculadas con el impacto presupuestario de la norma, cuyo cumplimiento supone mayores erogaciones para salarios, funcionamiento, becas, investigación y hospitales universitarios.

El Ejecutivo sostiene que la discusión sobre los recursos debe resolverse en el Congreso, particularmente en el tratamiento del Presupuesto 2027. Ese argumento constituye uno de los principales fundamentos de la estrategia oficial: el gobierno considera que no puede disponer partidas no contempladas sin que exista una definición parlamentaria sobre su financiamiento.

La Justicia adoptó una interpretación diferente. Cormick entendió que el Decreto 759/2025 había introducido una condición que, en los hechos, impedía la aplicación de una ley sancionada por el Congreso. La norma había sido promulgada en octubre de 2025 con una referencia al artículo 5° de la Ley 24.629, que supeditaba su ejecución a la determinación de fuentes específicas de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al Presupuesto.

Para el magistrado, esa cláusula no podía utilizarse para suspender una legislación que el Congreso había ratificado después de rechazar el veto presidencial. En su sentencia, ordenó al Poder Ejecutivo dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795.

Tras varios meses de proceso legal, el tribunal dictó su veredicto. En diciembre de 2025, el mismo juzgado había dictado una medida cautelar contra el Decreto 759/2025. El Gobierno apeló esa decisión y la controversia llegó a instancias superiores. En junio de este año, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obligaba al Estado a aplicar los artículos vinculados con la actualización de haberes docentes y no docentes y la recomposición de programas estudiantiles.

El diferendo se mantuvo activo durante los meses venideros. En septiembre, Cormick volvió a intimar al Ejecutivo para que acreditara el cumplimiento de la medida cautelar y otorgó un nuevo plazo de cinco días. El tribunal consideró insuficiente la documentación presentada por el Estado para demostrar que los incrementos habían sido calculados conforme a los parámetros establecidos por la ley.

Ahora, con la sentencia definitiva de primera instancia, el Gobierno vuelve a recurrir a la vía judicial. La apelación abrirá una nueva discusión ante la Cámara mientras permanece vigente la orden de ejecutar la legislación universitaria.

El expediente tiene además una dimensión presupuestaria relevante. Durante el proceso, el Estado había cuestionado el costo de implementar la ley y planteado que demandaría una erogación superior al billón de pesos. El juez, sin embargo, sostuvo que la propia norma contempla mecanismos para afrontar las obligaciones y recordó que el Ejecutivo realizó modificaciones presupuestarias durante 2025.

Además, el conflicto estalla a pocas semanas de la quinta Marcha Federal Universitaria, programada para el 15 de octubre. La comunidad universitaria llega a la movilización con el aval de consecutivas decisiones de la Justicia, manteniendo como demandas centrales el financiamiento y la recomposición de los salarios.

La insistencia del Gobierno por revertir el fallo no solo dilata el auxilio financiero a las universidades, sino que profundiza una tensión constitucional sobre la división de poderes y el alcance del control judicial ante las leyes del Congreso.