Judiciales nacionales paran este viernes en todo el país por salarios, obra social y defensa de la Justicia Nacional

La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) confirmó un paro nacional de 24 horas para este viernes 2 de octubre, en una nueva escalada de su plan de lucha. La medida alcanzará a los tribunales de todo el país y estará precedida este jueves por una jornada de cese de tareas y movilización en el Fuero Nacional del Trabajo.

El reclamo sindical reúne tres demandas: recuperación salarial, respuestas ante los problemas de la obra social y rechazo al traspaso de competencias de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires. El secretario general de la UEJN, Julio Piumato, ratificó la continuidad de las protestas y sostuvo que el gremio defenderá tanto las condiciones laborales de sus afiliados como la estructura de la Justicia Nacional.

La protesta de este jueves tendrá como epicentro la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde los trabajadores realizarán un cese de actividades y una movilización. La UEJN reclama a los camaristas que asuman una posición activa frente al proceso de transferencia del fuero.

El conflicto por la Justicia Laboral también se juega en los tribunales. En marzo, el Juzgado Nacional del Trabajo N°30 frenó temporalmente el acuerdo de transferencia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires (anexo de la Ley 27.802). Sin embargo, esta decisión fue revocada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, al determinar que la disputa debía resolverse en su propia jurisdicción.

La UEJN sostiene que el traspaso genera interrogantes sobre la continuidad y las condiciones laborales de los trabajadores del fuero. El sindicato también extendió su rechazo a otras áreas de la Justicia Nacional y menciona al fuero Penal y al de Menores entre las competencias que pretende preservar bajo jurisdicción nacional.

En simultaneo, Piumato viene denunciando una pérdida del poder adquisitivo de los empleados judiciales. En septiembre, el dirigente había estimado en 24,7% la caída salarial acumulada desde el inicio de la actual gestión nacional, una cifra que forma parte de los argumentos gremiales para reclamar una recomposición.