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AOMA paralizó Río Tinto en Catamarca por salarios y seguridad

La Asociación Obrera Minera Argentina inició una medida de fuerza en Minera del Altiplano, operadora del proyecto Fénix de Río Tinto, por reclamos salariales y cuestionamientos vinculados con la seguridad en la alta montaña. El conflicto vuelve a poner bajo la lupa las proyecciones de fuerte generación de empleo asociadas al desarrollo minero.
Un nuevo conflicto laboral paraliza el proyecto de litio Fénix en Catamarca. La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) comenzó una medida de fuerza en Minera del Altiplano, operada por Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto.
El reclamo combina dos cuestiones: una actualización de los ingresos de los trabajadores y mayores garantías de seguridad para quienes cumplen tareas en la Puna, donde las operaciones se desarrollan a gran altura y bajo condiciones meteorológicas que pueden volverse extremas. La medida afecta a una operación que ya había enfrentado una protesta sindical en febrero, durante los primeros meses de Río Tinto al frente del proyecto.
El antecedente más delicado ocurrió en julio. Un grupo de trabajadores quedó aislado durante un temporal de nieve mientras se trasladaba desde el área de Fénix hacia Antofagasta de la Sierra. Los operarios permanecieron varios días en una zona ubicada por encima de los 4.400 metros de altura, con temperaturas que llegaron a registros cercanos a los 24 grados bajo cero. El rescate demandó maquinaria pesada, equipos de emergencia y apoyo de distintos organismos.
Derivado de dicho suceso, el gremio minero objetó los procedimientos de movilidad invernal mediante presentaciones formales ante los organismos provinciales competentes. En contraposición, la compañía constató la ejecución de sus protocolos de emergencia y el fortalecimiento de los sistemas preventivos en el yacimiento Fénix.
El nuevo paro adquiere relevancia más allá de la disputa salarial porque se produce en una de las operaciones que simbolizan la apuesta argentina por el litio y la llegada de grandes inversiones internacionales. Río Tinto tomó el control de Fénix tras la adquisición de Arcadium Lithium y también desarrolla en Catamarca el proyecto Sal de Vida.
La discusión laboral coincide, además, con las ambiciosas expectativas oficiales sobre la capacidad de la minería para generar empleo. En la apertura de las sesiones ordinarias de 2026, Javier Milei sostuvo que la Cordillera podría generar un millón de puestos de trabajo si la Argentina desarrollara su potencial minero con reglas similares a las de Chile.
Las estadísticas disponibles muestran, sin embargo, una expansión mucho más gradual. Según datos de la Secretaría de Minería correspondientes a marzo de 2026, el empleo minero formal directo alcanzó 40.141 trabajadores, un 1,2% más que un año antes: fueron 491 puestos adicionales en doce meses. La minería representa así alrededor del 0,6% del empleo asalariado privado registrado.
Dentro de ese universo, el litio registró 5.382 empleos, con un crecimiento interanual del 6,5%, equivalente a 327 trabajadores adicionales. La minería metalífera, en tanto, concentró 13.026 puestos y explicó el 32,5% del empleo minero formal directo.
La diferencia entre las cifras actuales y las proyecciones no implica que la expansión minera carezca de impacto laboral. La Cámara Argentina de Empresas Mineras calcula unos 116.000 empleos directos e indirectos vinculados con la minería y proyecta una expansión significativa de esa cifra con el desarrollo de los grandes proyectos de cobre y litio. Son estimaciones empresariales que incluyen empleo directo, contratistas y proveedores, por lo que no resultan comparables de manera directa con el registro oficial de empleo minero directo.
También el RIGI exhibe una magnitud considerable en términos de inversión anunciada. El Gobierno informó en agosto que los proyectos oficialmente aprobados bajo ese régimen alcanzaban los US$46.700 millones, con una estimación de 95.158 empleos directos e indirectos; al incorporar iniciativas aprobadas pendientes de publicación, la cifra ascendía a unos US$49.000 millones.
Más allá de las cifras de inversión, el conflicto de Fénix abre el debate sobre el empleo en alta montaña. Las mineras buscan la continuidad de sus proyectos, mientras que los trabajadores exigen salarios dignos y protocolos eficaces ante un clima y una geografía extremos.