Revés para la reforma laboral: un tribunal mantuvo en el fuero laboral una demanda contra el Estado

Una de las modificaciones procesales introducidas por la Ley 27.802 de Modernización Laboral quedó bajo fuerte cuestionamiento judicial. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró inconstitucional e inconvencional la norma que desplazaba hacia el fuero Contencioso Administrativo Federal los juicios laborales en los que el Estado nacional o sus organismos fueran parte.

El pronunciamiento se originó en una demanda de un trabajador contra el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) por créditos salariales e indemnizatorios derivados de una relación laboral que, según el demandante, se extendió desde noviembre de 2003 hasta su despido en agosto de 2024.

El juzgado laboral que recibió inicialmente el expediente había rechazado su competencia y ordenado remitirlo a la Justicia Contencioso Administrativa Federal. El trabajador apeló y planteó la inconstitucionalidad de la nueva regla. La Cámara revocó esa decisión y dispuso que la causa continúe en el fuero laboral.

Qué modificó la reforma

La controversia se concentra en el artículo 20 de la Ley 18.345, de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, cuya redacción fue modificada por el artículo 79 de la Ley 27.802.

La nueva disposición estableció que la Justicia Nacional del Trabajo no puede intervenir en determinadas causas cuando el Estado nacional o alguno de sus entes sea parte o tercero interesado, derivando esos procesos al fuero Contencioso Administrativo Federal.

Para la Sala I, esa modificación no puede aplicarse al reclamo analizado porque afecta las garantías constitucionales vinculadas con la protección del trabajador y con el acceso a una jurisdicción especializada.

Los jueces Gabriela Alejandra Vázquez y Enrique Catani señalaron que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional coloca al trabajador bajo una protección especial y que esa tutela no se limita al reconocimiento de derechos sustantivos: también comprende las condiciones procesales necesarias para hacerlos valer ante los tribunales.

El argumento central de la Cámara

El tribunal puso el acento en las características propias de la Justicia laboral. Entre ellas mencionó las reglas probatorias específicas, el principio in dubio pro operario y la existencia de un procedimiento diseñado para resolver controversias derivadas de relaciones de trabajo.

Desde esa perspectiva, trasladar automáticamente estos litigios al fuero Contencioso Administrativo Federal supone, según el razonamiento de la Cámara, privar al trabajador de herramientas procesales vinculadas con la tutela especial que reconoce la Constitución.

El fallo también recurrió a estándares internacionales de protección laboral, entre ellos los desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del acceso a la justicia y la necesidad de contar con procedimientos adecuados para resolver controversias relacionadas con derechos laborales.

Un fallo de alcance concreto

El pronunciamiento tiene una consecuencia inmediata sobre el expediente contra el ENRE: la demanda deberá continuar en la Justicia Nacional del Trabajo.

Pero la resolución no elimina por sí misma la disposición incorporada por la Ley 27.802 para todos los casos. Se trata de un control de constitucionalidad efectuado dentro de un expediente concreto, por lo que su efecto directo alcanza a esa causa.

El fallo, sin embargo, incorpora un nuevo antecedente judicial a la discusión sobre la reforma laboral. La cuestión adquiere particular relevancia porque el desplazamiento de competencia afecta potencialmente a los litigios laborales promovidos por trabajadores contra organismos y entidades del Estado nacional.