Universidades: los gremios fijaron el 30 de septiembre como límite y amenazan con denuncias penales

El Frente Sindical de las Universidades Nacionales intimó al Ejecutivo a cumplir antes del 30 de septiembre con la recomposición salarial que calcula en 33,4% y pidió la convocatoria inmediata a paritarias. La advertencia se produce después de que el juez Martín Cormick ordenara al Gobierno cumplir en cinco días una medida cautelar vinculada con la Ley 27.795. El reclamo fue presentado ante el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación.

La presentación sindical se produjo pocos días después de una nueva intervención de la Justicia. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Estado nacional a cumplir en un plazo de cinco días una medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. La resolución contempla la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, multas por cada día de demora.

Los gremios sostienen que la recomposición reclamada está pendiente desde agosto y exigen que el aumento tenga carácter remunerativo y bonificable. También reclamaron que las sumas no remunerativas y no bonificables sean incorporadas a los salarios básicos correspondientes a las convenciones colectivas.

El artículo 5, en el centro del reclamo

La discusión se apoya en el artículo 5 de la Ley 27.795, publicada en el Boletín Oficial el 21 de octubre de 2025. La norma establece que el Poder Ejecutivo debe actualizar los salarios de docentes y no docentes universitarios desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor informado por el INDEC. También establece que los aumentos deben ser remunerativos y bonificables.

La misma disposición establece la convocatoria obligatoria a la negociación paritaria nacional de docentes y no docentes y fija que las actualizaciones salariales posteriores no pueden ser inferiores a la inflación publicada por el INDEC, con una periodicidad que no debe superar los tres meses.

Sobre esa base, las organizaciones que integran el Frente Sindical —CONADU, FATUN, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT y UDA— reclaman que el porcentaje que calculan en 33,4% sea aplicado a los salarios universitarios.

La advertencia penal

La presentación gremial incorpora un elemento que eleva la disputa: si el 30 de septiembre vence sin que se concrete la recomposición, las organizaciones anticiparon que formularán denuncias penales.

Además, anunciaron que pondrán el eventual incumplimiento en conocimiento del tribunal que interviene en la causa y pedirán la identificación de los funcionarios que consideren responsables de no ejecutar las disposiciones reclamadas.

La advertencia se produce mientras permanece abierta la discusión sobre el alcance y cumplimiento de la medida cautelar judicial. La resolución de Cormick no constituye por sí misma una sentencia definitiva sobre todo el conflicto universitario: exige el cumplimiento efectivo de una cautelar vigente y establece un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de sanciones económicas.

También reclaman una nueva paritaria

El Frente Sindical pidió además la convocatoria inmediata a la negociación paritaria nacional para docentes y no docentes, con participación de todas las organizaciones sindicales.
El planteo busca reabrir una negociación que permanece trabada después del rechazo gremial a una propuesta de aumento del 3%, considerada insuficiente por las federaciones universitarias frente al porcentaje de recomposición que reclaman.

La disputa salarial se mantiene así vinculada con dos ámbitos simultáneos: el cumplimiento de la Ley 27.795 y la negociación colectiva de los trabajadores de las universidades nacionales.

La protesta continuará en octubre

El reclamo administrativo y judicial no modifica el calendario de movilizaciones definido por las organizaciones. Los gremios mantienen convocada para el 15 de octubre la quinta Marcha Federal Universitaria, en continuidad con una serie de paros, movilizaciones y jornadas de protesta desarrolladas durante los últimos meses.

El conflicto llega a esta instancia después de sucesivos rechazos a las propuestas salariales oficiales y de nuevas medidas de fuerza en septiembre. La disputa incorpora ahora una fecha precisa —el 30 de septiembre— y una eventual derivación judicial si los sindicatos consideran que el Gobierno no cumplió con la recomposición reclamada.

Con la intervención de la Justicia, la intimación gremial y la continuidad de la protesta, la discusión universitaria dejó de concentrarse únicamente en la negociación salarial: el cumplimiento de la Ley 27.795 pasó a ocupar el centro de la escena entre el Poder Ejecutivo, las universidades y las organizaciones sindicales.