San Juan recurrirá a la Justicia por las demoras en las prestaciones de discapacidad

La Defensoría del Pueblo de San Juan prepara un nuevo amparo colectivo de alcance nacional para reclamar por la continuidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, ante las demoras en los pagos, las dificultades denunciadas por familias y prestadores y los cambios que el Gobierno nacional impulsa para el sistema asistencial.

La decisión fue anticipada por la defensora Florencia Peñaloza después de su exposición ante la Cámara de Diputados de la Nación. La funcionaria vinculó la eventual presentación judicial con el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, la evolución de las partidas durante 2026 y las modificaciones incluidas en la discusión del Presupuesto 2027.

Peñaloza señaló que el 60% de los casos ingresados a la Defensoría de San Juan corresponden a cuestiones de salud y que la mayoría está vinculada con discapacidad. Recordó además que el organismo ya había acudido a la Justicia en 2025 por la suspensión de pensiones no contributivas y que posteriormente se dispuso la restitución de beneficios afectados. La propia Defensoría registra ese antecedente como parte de sus actuaciones en materia de discapacidad.

El nuevo planteo no estaría limitado a los beneficiarios. La institución busca incorporar las dificultades denunciadas por familias, profesionales, equipos técnicos e instituciones educativas, particularmente aquellas vinculadas con la continuidad de tratamientos y prestaciones. “Lo planteamos por los niños y familias, pero también por los profesionales, equipos técnicos y escuelas”, sostuvo Peñaloza.

Uno de los puntos que genera preocupación es la discusión sobre el sistema de impuestos. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla modificaciones en el mecanismo de actualización de los valores del nomenclador y de las prestaciones, cambios que fueron cuestionados por organizaciones vinculadas con discapacidad y que actualmente forman parte del debate legislativo. El Gobierno, además, comenzó a negociar modificaciones sobre algunos de los artículos cuestionados.

La discusión se produce mientras el área atraviesa una nueva etapa institucional. Alejandro Vilches renunció el 21 de septiembre a la Secretaría Nacional de Discapacidad, cargo que dejó argumentando razones personales, en momentos en que el Congreso analiza las modificaciones presupuestarias y regulatorias para 2027.

El organismo sanjuanino ya había intervenido durante 2026 ante problemas vinculados con asistencias de salud. En septiembre, por ejemplo, solicitó al PAMI y a sus prestadores garantizar guardias mínimas y mecanismos alternativos de atención durante una medida de fuerza, con especial atención sobre afiliados que requieren tratamientos permanentes, medicamentos o asistencia por discapacidad.