Quinta de Olivos: 12 despidos, cambios en la seguridad y una fuerte disputa con ATE

La Quinta de Olivos quedó en el centro de una profunda reorganización impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que confirmó el despido de 12 trabajadores civiles y resolvió transferir a la Casa Militar el control integral de la residencia presidencial. Entre los desvinculados se encuentra Osvaldo Javier Sosa, quien se desempeñaba como intendente del predio. ATE denunció cesantías sin explicaciones y anticipó posibles medidas de fuerza.

La modificación alcanza también a la estructura administrativa de Olivos. La Administración General de la Residencia Presidencial será disuelta y la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, asumirá las funciones de seguridad y administración. El traspaso de funciones y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días.

La explicación pública del Ejecutivo se concentró en la necesidad de elevar los estándares de seguridad y eficiencia para la protección del Presidente y su entorno. El Gobierno vinculó además la decisión con la visita del papa León XIV a la Argentina y con el movimiento de personal externo que demandarán las obras y tareas de acondicionamiento relacionadas con ese acontecimiento.

Sin embargo, fuentes oficiales consultadas por medios nacionales señalaron que las cesantías se produjeron luego de una investigación interna relacionada con presuntas filtraciones de información sobre las actividades del Presidente y de su círculo cercano. Esa explicación no fue incluida en los mismos términos en el comunicado oficial que anunció el nuevo esquema de seguridad.

Entre los empleados afectados hay personal de administración, cocina y jardinería. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, sostuvo que algunos trabajadores se presentaron a cumplir sus tareas y no pudieron ingresar al predio, por lo que fueron enviados a sus domicilios a la espera de los telegramas de despido. También afirmó que no recibieron explicaciones sobre las razones de las desvinculaciones.

Desde ATE Presidencia, inicialmente se había informado sobre diez bajas y posibles reubicaciones de otros empleados. La secretaria adjunta del gremio, María Eugenia Trigo, señaló que la reorganización podría alcanzar a un universo mayor de trabajadores civiles, aunque esa cifra no forma parte de la cantidad de despidos confirmada oficialmente.

El sindicato pasó a estado de alerta y anticipó la posibilidad de medidas de fuerza. Su reclamo apunta a revertir las cesantías y cuestiona que trabajadores con años de servicio hayan sido apartados sin una explicación individualizada sobre las razones de la decisión.

El nuevo esquema modifica de manera sustancial el funcionamiento de la residencia presidencial: la Casa Militar no sólo concentrará la custodia del jefe de Estado y su familia, sino que tendrá bajo su órbita la administración del predio. El Gobierno aclaró que ello no significa necesariamente que todas las tareas civiles serán ejecutadas por personal militar, sino que quienes trabajen en áreas vinculadas con el Presidente quedarán bajo esa estructura de conducción.

La reorganización deja abierto, además, el alcance final de la reducción del personal y las condiciones en que se concretarán las reubicaciones. Por ahora, el único número confirmado oficialmente es el de 12 despidos, mientras el traspaso a la Casa Militar deberá completarse durante los próximos dos meses.