“Marea blanca”: el Garrahan vuelve a movilizarse por la emergencia sanitaria pediátrica

Profesionales, técnicos y trabajadores del Hospital Garrahan lanzaron una campaña para extender la Ley 27.796, cuya vigencia fue establecida por un año desde su publicación oficial. APyT anticipó reuniones con diputados y senadores y una convocatoria frente al Congreso para el 21 de octubre.

La cuenta regresiva hacia el vencimiento de la emergencia sanitaria pediátrica ya comenzó en el Hospital Garrahan. Profesionales, técnicos y trabajadores, junto con organizaciones vinculadas a la salud, lanzaron una campaña para reclamar al Congreso la prórroga de la Ley 27.796 y preparan una movilización que buscará reunir al personal sanitario bajo la consigna de una “marea blanca de la salud”.

El reclamo tuvo como primera expresión un nuevo abrazo simbólico al hospital, denominado “Todas las manos todas”, del que participaron trabajadores, jubilados, referentes de la cultura y organizaciones sanitarias. El músico Diego Frenkel acompañó el cierre del encuentro.

También asistieron legisladores de la oposición, a quienes los trabajadores atribuyeron el compromiso de impulsar el tratamiento de una prórroga.

La Ley 27.796 declaró por un año la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales y estableció como objetivos garantizar el acceso oportuno y equitativo a la atención pediátrica, fortalecer los hospitales públicos de referencia y sostener las residencias de profesionales de la salud. La norma identifica expresamente al Garrahan como hospital de referencia nacional para la atención pediátrica de alta complejidad.

La secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana, sostuvo que la ley constituye una herramienta central para el funcionamiento del hospital y reclamó que el Congreso vuelva a tratarla antes de su vencimiento. Según explicó, entre sus disposiciones se encuentran mecanismos vinculados con la actualización salarial, el tratamiento tributario del personal de áreas críticas, las residencias y la provisión de medicamentos y prótesis para pacientes pediátricos.

Lezana cuestionó además que, según la posición de la organización gremial, las medidas previstas por la norma no fueron aplicadas de manera efectiva. Advirtió que los trabajadores de guardias y áreas críticas, que acumulan horas extras y cumplen funciones de alta responsabilidad asistencial, continúan afrontando una pérdida del poder adquisitivo y cargas tributarias que la organización considera incompatibles con esas tareas.

El planteo también apunta a las residencias. La ley incorporó entre sus objetivos el fortalecimiento y la sustentabilidad de estos sistemas, con condiciones laborales adecuadas y una remuneración acorde con las responsabilidades profesionales.

La disputa excede, por eso, la cuestión salarial. Para APyT, la continuidad de la emergencia está vinculada con la capacidad del sistema público para sostener profesionales especializados, garantizar tratamientos de alta complejidad y preservar la atención de pacientes derivados desde distintos puntos del país.

La organización anunció reuniones con integrantes de las comisiones de Salud de Diputados y del Senado para impulsar la extensión de la norma. El objetivo es llegar al 21 de octubre —fecha en la que se cumple un año de su publicación oficial— con una nueva convocatoria frente al Congreso.