Más de 100.000 sanjuaninos están en mora grave y piden un régimen de alivio

Una iniciativa ciudadana presentada ante la Cámara de Diputados propone declarar por 12 meses la emergencia por sobreendeudamiento familiar. El proyecto contempla refinanciaciones de hasta 48 meses, quitas de intereses, protección de los salarios y medidas específicas para deudores de Banco San Juan.

El 20,49% de mora registrado en San Juan, por encima del promedio nacional del 17,4%, impulsó la presentación ante la Cámara de Diputados de un proyecto que propone establecer un régimen extraordinario para las familias con dificultades para afrontar sus compromisos financieros.

La iniciativa fue presentada como proyecto ciudadano por el abogado y dirigente de Compromiso, Marcelo Arancibia, y plantea declarar durante 12 meses la emergencia provincial en materia de sobreendeudamiento familiar y protección de ingresos. El Poder Ejecutivo podría extenderla una única vez por un período de hasta un año.

Los datos utilizados para fundamentar la propuesta, elaborados a partir de registros del Banco Central actualizados a junio de 2026, indican que 313.519 sanjuaninos mantienen deudas formales, equivalentes al 38,1% de la población provincial. De ese universo, 101.156 personas presentan mora grave.

El proyecto establece que la asistencia sea gratuita y alcance no sólo a quienes ya incumplieron sus pagos, sino también a aquellos que destinan más del 30% de sus ingresos al servicio de sus deudas o que, aun estando al día, no pueden cumplir con esas obligaciones sin comprometer gastos esenciales.

Refinanciación y protección de ingresos

La propuesta contempla un mecanismo administrativo de diagnóstico y conciliación destinado a ordenar las obligaciones financieras de cada beneficiario. Entre las herramientas previstas figuran la consolidación de saldos, eliminación de cargos considerados ilegítimos, condonación de intereses moratorios y punitorios, reducción de intereses compensatorios y planes de pago de hasta 48 meses.

El principio planteado es el de un “esfuerzo compartido” entre quienes contrajeron las obligaciones y los proveedores de crédito, con el propósito de evitar que la regularización termine agravando la pérdida de ingresos de los hogares.

Uno de los capítulos está dirigido específicamente a Banco San Juan, agente financiero provincial. El proyecto propone que el Ejecutivo negocie una modificación del contrato de vinculación para incorporar condiciones especiales destinadas a los deudores alcanzados: eliminación de cargos no pactados, quita de intereses moratorios y punitorios, reducción de intereses compensatorios, 90 días de gracia y financiación de hasta cuatro años.

También se plantea una protección sobre los salarios de los empleados públicos. Durante la emergencia, quienes resulten alcanzados podrían solicitar la suspensión durante 12 meses de los códigos de descuento voluntarios correspondientes a préstamos, compras financiadas y otras obligaciones comerciales. La deuda seguiría vigente, pero el acreedor debería ofrecer un mecanismo gratuito para continuar con los pagos.

La iniciativa fija, además, un límite para esas deducciones: los descuentos voluntarios no podrían reducir el haber disponible por debajo del 80% de la remuneración neta, una vez efectuadas las retenciones obligatorias.

Impuestos, juego online y control

El proyecto incorpora medidas tributarias transitorias para determinados contribuyentes vinculados con la vivienda única y un vehículo destinado al uso personal, familiar o laboral. También contempla beneficios sobre el componente provincial de Ingresos Brutos en casos determinados e invita a los municipios a adoptar disposiciones similares.

Otro capítulo apunta al juego online. Los operadores no podrían conceder créditos, adelantos ni permitir saldos negativos para financiar apuestas, ni presentar esa práctica como una vía para resolver obligaciones económicas. También se establecen exigencias vinculadas con la capacidad de pago y límites a mecanismos abusivos de cobranza.

La propuesta aclara que el Estado provincial no asumiría ni garantizaría las deudas privadas. El objetivo sería facilitar acuerdos que permitan regularizarlas sin comprometer recursos destinados a alimentación, vivienda, salud o educación.

Como herramienta permanente, finalmente, se propone crear un Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares, destinado a recopilar y publicar información sobre morosidad y nivel de obligaciones financieras.

El proyecto deberá ahora conseguir respaldo parlamentario para ingresar al circuito legislativo. Al haber sido presentado mediante iniciativa ciudadana, sus impulsores buscan que alguno de los bloques o legisladores lo adopte formalmente y habilite su tratamiento en las comisiones correspondientes. El debate pondrá en discusión hasta dónde puede intervenir la Provincia frente a una problemática financiera que combina pérdida de poder adquisitivo, crédito de consumo y creciente morosidad familiar.