La morosidad de los hogares volvió a subir y crece el reclamo por los argentinos endeudados

La morosidad de los hogares pasó del 12,77% al 12,94% en julio, según datos de la Central de Deudores del Banco Central analizados por la consultora 1816. Casi seis millones de personas acumulan atrasos superiores a 90 días. Mientras el oficialismo relativiza el fenómeno y rechaza una intervención estatal, la Iglesia reclamó medidas frente a las deudas que considera abusivas.

El incremento puede parecer acotado en términos porcentuales, pero adquiere otra dimensión cuando se lo proyecta sobre la cantidad de personas alcanzadas. Se estima que casi seis millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días dentro de un universo de 20,8 millones de deudores. En octubre de 2024, la morosidad general se ubicaba en torno al 2,5%.

La evolución tampoco fue uniforme entre los distintos actores del sistema financiero. Mientras la mora empresarial avanzó del 3,50% al 3,61%, las deudas de los hogares aumentaron en 23 de las 30 principales entidades relevadas. La mayor fragilidad aparece en las billeteras virtuales y entidades financieras no tradicionales, donde el índice trepó al 33,69%.

El dato adquiere especial relevancia porque se conoce mientras el Congreso debate iniciativas destinadas a brindar algún tipo de alivio a quienes acumularon compromisos financieros. La oposición logró reunir 133 diputados para impulsar el tratamiento de proyectos vinculados con los hogares endeudados, aunque el oficialismo busca postergar la discusión.

El Gobierno relativiza la morosidad

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, minimizó el alcance del fenómeno y sostuvo que existe “un poco de mora” asociado al incremento de las tasas de interés. Según su evaluación, el volumen de deuda representa una magnitud “insignificante” en relación con el Producto Bruto Interno, debido a que buena parte de los compromisos corresponde a montos reducidos.

Menem también afirmó que la morosidad “ya empezó a bajar”, una apreciación que no coincide con el último registro disponible, que muestra un nuevo incremento durante julio. El titular de Diputados insistió además en que el Estado no debería intervenir para resolver las obligaciones contraídas entre particulares.

Esa posición coincide con el criterio expresado por el Gobierno de Javier Milei, que considera el endeudamiento familiar principalmente como una relación entre deudores y acreedores privados. Desde esa perspectiva, no se justificaría una política pública específica de asistencia o refinanciación.

La Iglesia reclama una respuesta

El rechazo a esa postura llegó esta vez desde la Iglesia Católica. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, reclamó una intervención que permita establecer criterios frente al crecimiento de las obligaciones financieras de los hogares.

El titular de la CEA advirtió sobre la existencia de “deudas leoninas” y planteó la necesidad de discutir límites que contemplen la capacidad real de pago de cada persona. Entre otras alternativas, propuso revisar cuánto del salario puede comprometerse para afrontar créditos y otras obligaciones.

Colombo cuestionó además cualquier respuesta que reduzca el fenómeno a una cuestión exclusivamente privada. “Lo que no se puede es tener una mirada superficial”, sostuvo, al reclamar que las autoridades no se desentiendan de quienes quedaron atrapados por compromisos que ya no pueden afrontar.

La discusión combina así dos datos que avanzan en direcciones diferentes: mientras los registros financieros muestran un nuevo deterioro de la capacidad de pago de los hogares, el Gobierno sostiene que no existe una magnitud suficiente para justificar una intervención pública.

Con casi seis millones de personas con atrasos superiores a 90 días y niveles de mora particularmente elevados en las entidades no tradicionales, el endeudamiento familiar se convirtió en uno de los asuntos que volverán al centro del debate legislativo y económico en los próximos meses.