Imputabilidad desde los 14 años: la Justicia sanjuanina prepara una transición con varios desafíos

La normativa comenzará a regir el 5 de septiembre y ampliará el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal en los casos previstos. La Corte de Justicia de San Juan prepara una reglamentación provisoria para cubrir la transición hacia un modelo acusatorio que todavía requiere adecuaciones legislativas. A la falta de un procedimiento específico se suma otra dificultad: la provincia no dispone de un establecimiento destinado a alojar a menores privados de su libertad.

La nueva normativa comenzará a regir el sábado 5 de septiembre e incorporará a adolescentes de 14 y 15 años en los supuestos contemplados por la ley. Para acompañar ese cambio, la Justicia provincial prepara una reglamentación transitoria que permita resolver los primeros casos mientras avanza la elaboración de un procedimiento penal juvenil acorde con el modelo acusatorio.

El presidente del máximo tribunal sanjuanino, Daniel Olivares Yapur, explicó que el mecanismo actualmente vigente pertenece a un sistema inquisitivo mixto, en el cual el juez interviene directamente en la investigación. En cambio, el nuevo modelo adopta una estructura acusatoria que reparte de otra manera las tareas de los jueces y los fiscales.

La alternativa diseñada por el tribunal consiste en establecer reglas intermedias que permitan compatibilizar las nuevas disposiciones con las herramientas procesales disponibles en la provincia. Se trata de una solución provisoria, hasta tanto San Juan complete la adecuación normativa necesaria.

Uno de los aspectos centrales del nuevo régimen es que la incorporación de adolescentes al sistema penal no equivale necesariamente a una condena de encierro. La legislación contempla medidas socioeducativas, mecanismos de resolución alternativa de conflictos y recursos vinculados con la justicia restaurativa.

La privación de libertad queda reservada para situaciones excepcionales. Olivares Yapur remarcó que “está prevista como último recurso”, una definición que adquiere particular relevancia frente a las dificultades materiales que enfrenta la provincia.

El interrogante aparece cuando un juez determine que una medida restrictiva de libertad resulta indispensable. San Juan no cuenta actualmente con un establecimiento específico para alojar a adolescentes en esas condiciones.

El Penal de Chimbas tampoco puede ser utilizado para ese fin. Según explicó el presidente de la Corte, la propia normativa establece que los menores deben permanecer en instalaciones diferenciadas de las destinadas a adultos.

“No va a ir al penal de Chimbas porque no pueden estar los menores. La propia ley establece específicamente que tiene que haber un lugar especial”, sostuvo.

La consulta sobre la existencia de una institución de esas características en la provincia tuvo una respuesta contundente: “En San Juan no lo hay”.

El cambio normativo obliga, por lo tanto, a resolver cuestiones que van más allá de la actuación de jueces y fiscales. La provincia deberá adecuar su procedimiento, definir los dispositivos para el cumplimiento de las medidas socioeducativas y disponer de infraestructura apropiada para aquellos casos en los que corresponda restringir la libertad.