Discapacidad: prestadores denuncian deudas desde mayo y preparan una protesta nacional

Prestadores y profesionales denuncian que la cadena de pagos permanece interrumpida y que algunos servicios adeudan prestaciones desde mayo. Ante la falta de respuestas, anunciaron la suspensión de tratamientos y una movilización para el lunes 31 de agosto, mientras Diputados postergó hasta septiembre el debate sobre la emergencia del sistema.

La falta de pagos a los prestadores generó una crisis y dejó sin recursos a los centros de atención a personas con discapacidad. Algunos trabajadores aseguran que todavía no cobraron servicios correspondientes a mayo y junio.

La demora se habría producido en el circuito que vincula a las obras sociales, la Superintendencia de Servicios de Salud y ARCA, aunque los prestadores aseguran desconocer en qué punto quedó frenada la transferencia de recursos.

El mecanismo comienza cuando los profesionales facturan sus servicios a las obras sociales. Luego, las prestaciones son presentadas ante la Superintendencia, que interviene en la liquidación de los fondos destinados a discapacidad. La interrupción en alguno de esos pasos terminó paralizando los pagos a quienes brindan directamente los tratamientos.

Ante la falta de respuestas, organizaciones de profesionales anunciaron que desde el lunes 31 de agosto suspenderán tratamientos y realizarán movilizaciones. El reclamo alcanza a terapistas, psicólogos, fonoaudiólogos y otros trabajadores vinculados con la atención de personas con discapacidad.

Un aumento que no alcanza

El conflicto se profundizó pese a que el Gobierno oficializó el martes un incremento del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

La Resolución 2775/2026, firmada por el secretario Alejandro Alberto Vilches, estableció la actualización correspondiente a agosto en función de la variación del IPC registrada en julio.
Para los prestadores, sin embargo, el aumento pierde efecto frente a la falta de transferencia de los fondos. “Por un lado, te dan un aumento y por otro, no te lo pagan”, cuestionó una profesional consultada sobre la situación.

Desde la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (Capredis) señalaron que la demora podría estar relacionada con una menor recaudación de ARCA, vinculada a la caída del empleo formal. La entidad advirtió que, si la interrupción persiste, podría quedar comprometida la continuidad de las prestaciones para miles de personas.

Diputados postergó el debate

La crisis también llegó al Congreso. La oposición intentó incorporar el tratamiento de la emergencia en discapacidad durante la sesión del miércoles, pero no consiguió la mayoría necesaria. La propuesta obtuvo 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones.

La Libertad Avanza y el PRO rechazaron el pedido, mientras que la UCR y el MID se abstuvieron. Sin embargo, los bloques opositores sostuvieron que cuentan con los votos necesarios para avanzar posteriormente mediante una sesión especial. El tratamiento quedó previsto para el 9 de septiembre a las 12.

Mientras tanto, el reclamo se extiende por distintas provincias. En Mar del Plata hubo una convocatoria bajo la consigna “Trabajamos, cumplimos, no cobramos”, mientras que en Córdoba los prestadores declararon el estado de alerta.

La suspensión anunciada para el lunes suma presión sobre el Gobierno y vuelve a colocar el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad en el centro de la discusión, con profesionales que reclaman cobrar por servicios ya brindados y garantías para sostener la atención.