El Gobierno dio de baja a 18 entidades de medicina prepaga tras una auditoría

La Superintendencia de Servicios de Salud retiró del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga a 18 empresas, mutuales y cooperativas. Las auditorías detectaron falta de actividad efectiva, ausencia de afiliados y documentación incompleta. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, las exclusiones ya superan las 180.

La medida alcanza a empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas de distintas provincias. Entre las entidades excluidas figuran Plan Odontológico Integral S.A., Cámara de Tabaco de Misiones, Armiento S.A., Instituto Materno Infantil S.A. y Sociedad Médica Universitaria S.A., además de Asociación Mutual Intercooperativa, AMI S.R.L., Huinca Salud S.A. y Cooperativa Cuenca del Salado Ltda.

También quedaron fuera del registro Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay, EMPY S.R.L., Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. y Timely Medical, entre otras organizaciones alcanzadas por el proceso de fiscalización.

Según explicó el organismo, las inspecciones permitieron establecer que varias de estas entidades no registraban actividad efectiva, no contaban con beneficiarios activos o no habían presentado la información requerida por la normativa vigente. Antes de disponer las bajas, la Superintendencia las intimó a regularizar su situación.

La falta de respuesta suficiente derivó finalmente en la exclusión del registro. El procedimiento forma parte de una revisión más amplia impulsada por el Gobierno para depurar el padrón de entidades que formalmente figuran como prestadoras de medicina prepaga, pero que no acreditan una operatoria efectiva.

Con esta nueva resolución, más de 180 entidades fueron excluidas desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, en un proceso que la Superintendencia anticipó que continuará mediante nuevas auditorías.

El organismo sostuvo además que las bajas no deberían generar perjuicios para los usuarios, debido a que las entidades alcanzadas no registraban afiliados activos ni prestaciones en curso al momento de las verificaciones.

La depuración apunta a que el registro oficial quede integrado por organizaciones que acrediten existencia operativa, beneficiarios y cumplimiento de las obligaciones exigidas. La Superintendencia mantendrá las fiscalizaciones y podrá disponer nuevas exclusiones cuando se detecten incumplimientos similares.