Buscan que el salario mínimo nunca quede por debajo de la línea de pobreza

Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto para modificar la Ley de Empleo y establecer que ningún trabajador de jornada completa cobre menos que la Canasta Básica Total del INDEC para una familia de cuatro integrantes. La iniciativa reabre el debate sobre el deterioro del salario mínimo y el aumento del endeudamiento de los hogares.

La iniciativa, impulsada por la legisladora pampeana Varinia Lis Marín, propone modificar el artículo 140 de la Ley 24.013 para que ningún trabajador de jornada completa perciba un ingreso inferior al valor de la Canasta Básica Total (CBT) calculada por el INDEC para un hogar de cuatro integrantes.

El proyecto se encuentra en la Comisión de Legislación del Trabajo y busca recuperar, según sus fundamentos, la función del salario mínimo como herramienta para garantizar condiciones de vida dignas. La propuesta toma como referencia el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece el derecho a una retribución justa y al salario mínimo, vital y móvil.

Una brecha de casi $1,2 millones

La distancia entre ambos valores expone la magnitud del cambio que implicaría la reforma. El salario mínimo vigente en agosto asciende a $376.600 mensuales, mientras que la última CBT oficial disponible, correspondiente a junio, alcanzó los $1.531.472,91 para una familia de cuatro integrantes.

De aprobarse el proyecto en los términos planteados, el piso salarial debería multiplicarse por más de cuatro para alcanzar ese parámetro.

La iniciativa sostiene que resulta necesario vincular el ingreso mínimo con los indicadores de pobreza e indigencia del INDEC para evitar que trabajadores registrados permanezcan por debajo de esos umbrales.

El debate coincide con una creciente preocupación sindical por la pérdida del poder adquisitivo. El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) planteó esta semana un salario mínimo de $3.065.161, mientras que desde la Mesa Sindical reclaman además una recomposición general del 30% para recuperar parte del poder de compra perdido desde diciembre de 2023.

Rubén Ruiz, titular de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas y referente del FreSU, consideró que cualquier iniciativa orientada a elevar el piso salarial resulta relevante, aunque advirtió sobre la necesidad de construir acuerdos amplios dentro del movimiento obrero.

El Consejo del Salario, en el centro de la disputa

El salario mínimo es determinado por el Consejo del Salario, integrado por representantes sindicales, empresarios y el Estado. Desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, las centrales obreras reclamaron incrementos superiores a los finalmente acordados, mientras que ante la falta de consenso el Gobierno terminó fijando los valores mediante resoluciones de la Secretaría de Trabajo.

Los autores del proyecto cuestionan precisamente ese mecanismo y sostienen que las mayorías exigidas para alcanzar acuerdos en el Consejo dificultaron la actualización del ingreso mínimo.

El diagnóstico gremial también encuentra respaldo en informes de CIFRA, que estimó que el poder de compra del salario mínimo acumula una caída superior al 40% respecto de los niveles previos al cambio de Gobierno. Según el mismo informe, el deterioro alcanza el 60% frente a 2015.