La Justicia reúne al Gobierno y a los rectores por la Ley de Financiamiento Universitario

La puja por el financiamiento de las universidades nacionales tendrá este viernes una nueva instancia judicial, en simultaneo con una semana marcada por paros y movilizaciones. El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, convocó para el 21 de agosto al Gobierno nacional, al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La audiencia se produce luego de que la Justicia ordenara al Estado cumplir con la actualización de salarios y becas prevista por la Ley de Financiamiento Universitario. La medida cautelar promovida por el CIN quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara los planteos oficiales para dejarla sin efecto.

El Ejecutivo nacional promulgó la ley, pero sostiene que su aplicación requiere identificar los recursos presupuestarios para financiarla. La disputa derivó en cuatro marchas federales universitarias y en distintas demandas judiciales, que posteriormente fueron unificadas.

La UBA pidió además ampliar el alcance de la discusión. Su reclamo incorpora recursos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y partidas destinadas a ciencia y tecnología, conceptos que no quedaron incluidos en la sentencia judicial. El CIN, por su parte, insiste en que la cautelar debe cumplirse de inmediato.

El reclamo gremial suma otro componente. Según fuentes universitarias, el Ejecutivo abonó una recomposición salarial del 21,33% correspondiente a junio y prevé otro incremento del 3% en octubre, además de actualizar las becas Manuel Belgrano. Sin embargo, no habría ejecutado el aumento del 20% para gastos de funcionamiento ni los $50.000 millones adicionales para hospitales universitarios incluidos en el acta firmada con los rectores el 10 de junio.

Las federaciones docentes sostienen que todavía existe una recomposición salarial pendiente cercana al 29%, mientras que otros cálculos gremiales ubican el desfase en 31,2%, sin contemplar el retroactivo desde la entrada en vigencia de la ley.

A raíz de la situación, el problema volvió a las aulas esta semana. La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó a un paro desde el martes 18 hasta el sábado 22 de agosto, con adhesión sujeta a cada cátedra. Las autoridades de la Universidad informaron que las facultades permanecerán abiertas.

A nivel nacional, la FATUN informó un acatamiento del 98% entre los trabajadores nodocentes y anunció abrazos simbólicos a universidades y una movilización al Palacio Sarmiento para este miércoles. Si no obtiene respuestas del Ejecutivo, el gremio prevé un paro de 48 horas para el 27 y 28 de agosto, medida que también fue ratificada por CONADU.

El secretario general de FEDUN, Daniel Ricci, sostuvo que la protesta expresa el reclamo por una ley vigente, una cautelar judicial y un acuerdo con los rectores que, según afirmó, todavía no fueron cumplidos en su totalidad. Desde el Gobierno, en cambio, calificaron el paro como “ilegítimo” y negaron que exista incumplimiento, mientras convocaron a una nueva reunión paritaria para el 1 de septiembre.

La audiencia del viernes reunirá así a las partes en uno de los momentos más delicados de la pugna por el financiamiento universitario. Mientras los gremios preparan nuevas medidas de fuerza, la Justicia deberá escuchar las posiciones del Estado, los rectores y la UBA sobre el alcance efectivo de las obligaciones que quedaron fijadas por la normativa y las resoluciones judiciales.