El PAMI, al borde de una crisis institucional por deudas y falta de atención

La crisis del PAMI sumó un nuevo capítulo con la presentación de las renuncias de su director ejecutivo, Esteban Leguízamo, y del subdirector, Carlos Zamparolo. Las dimisiones todavía no fueron aceptadas por las autoridades nacionales y se producen en medio de una creciente disputa interna por el funcionamiento y el financiamiento de la obra social de jubilados y pensionados.

De acuerdo con distintas fuentes periodísticas, ambos funcionarios fundamentaron su decisión en la delicada situación que atraviesa el organismo. La conducción enfrenta además un fuerte enfrentamiento interno que involucra a funcionarios de la actual administración y a dirigentes con una extensa trayectoria dentro del PAMI.

El deterioro financiero constituye uno de los principales focos de preocupación. Fuentes vinculadas al organismo ubican la deuda con prestadores por encima de los $500.000 millones, con obligaciones pendientes que alcanzan a médicos, clínicas, sanatorios, farmacias y otros proveedores de servicios sanitarios.

Las dificultades ya tienen impacto directo sobre los afiliados. Se registran inconvenientes para obtener turnos, demoras y suspensiones de tratamientos de alta complejidad y dificultades para garantizar prestaciones destinadas a pacientes con enfermedades crónicas y atención de urgencia en distintas regiones del país.

A esto se suma el cierre de centros de atención en localidades del oeste del conurbano bonaerense, la Ciudad de Buenos Aires y otros municipios de la provincia, además de modificaciones en la prestación de servicios en distintas jurisdicciones.

La magnitud del conflicto encendió también una contienda por la administración de los recursos del Instituto. Existen acusaciones cruzadas vinculadas con el supuesto retraso o falta de transferencia de partidas necesarias para sostener el funcionamiento cotidiano del organismo, que maneja uno de los presupuestos públicos más importantes del país, sólo superado por la ANSES.

Hasta el momento, el ministro de Salud, Mario Lugones, no formuló públicamente una explicación sobre las renuncias ni sobre el cuadro financiero denunciado. Mientras se intenta contener la crisis y evitar que las dificultades de financiamiento deriven en una interrupción generalizada de las prestaciones, también avanzan conversaciones con autoridades provinciales.

La eventual salida de Leguízamo y Zamparolo profundizaría la incertidumbre sobre la conducción de una institución que tiene a su cargo la cobertura sanitaria de millones de jubilados y pensionados. La resolución de las renuncias y el mecanismo que adopte el Gobierno para garantizar los recursos serán determinantes para evitar que la puja interna termine trasladándose con mayor intensidad a la atención de los afiliados.

El conflicto combina así un problema de conducción con reclamos financieros de gran magnitud y consecuencias concretas sobre las prestaciones. Para el Gobierno nacional, el desafío inmediato será asegurar la continuidad de la atención y ordenar las cuentas del organismo sin profundizar el deterioro de una obra social cuya dimensión convierte cualquier interrupción de servicios en un problema de alcance nacional.