El oficialismo logró sancionar la ley tras retirar las reformas sobre tierras y manejo del fuego

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo retirara las reformas sobre extranjerización de tierras y la Ley de Manejo del Fuego para conservar el respaldo de bloques dialoguistas. La iniciativa agiliza los desalojos por usurpación y endurece las condiciones para las expropiaciones.

La iniciativa fue aprobada por 37 votos contra 33, con el respaldo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la Unión Cívica Radical, tres del PRO y legisladores de bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén, Corrientes y Provincias Unidas. La oposición estuvo integrada por el interbloque peronista, Convicción Federal y representantes de fuerzas provinciales que cuestionaron tanto el contenido de la norma como el procedimiento utilizado para su tratamiento.

El texto finalmente sancionado incorpora cambios significativos en el régimen de protección de la propiedad privada. Entre sus principales disposiciones establece un procedimiento sumarísimo para acelerar los desalojos en casos de ocupaciones ilegales y limita las posibilidades de expropiación por parte del Estado, con el argumento de reducir la litigiosidad y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios.

Las mayores concesiones del oficialismo estuvieron vinculadas a los capítulos que generaron resistencia entre gobernadores y bloques dialoguistas. Primero fue retirado el apartado que modificaba la Ley de Tierras Rurales, cuestionado por habilitar una flexibilización de las restricciones para la compra de grandes extensiones por parte de extranjeros. Horas después también quedó fuera del dictamen la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, al no reunir el respaldo suficiente dentro del propio bloque de aliados.

La normativa vigente sobre incendios, aprobada en 2020, impide modificar durante 60 años el destino de los bosques nativos y humedales afectados por el fuego, mientras que fija un plazo de 30 años para las tierras de uso agropecuario. El Ejecutivo pretendía reducir esas restricciones al considerar que perjudican a propietarios que ya fueron afectados por los incendios, pero la propuesta no consiguió el acompañamiento necesario.

Durante el debate, el miembro informante del oficialismo, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca garantizar el derecho de propiedad consagrado por la Constitución Nacional y reducir las demoras judiciales que enfrentan quienes denuncian ocupaciones ilegales. Según explicó, el nuevo procedimiento permitirá acelerar las resoluciones y fortalecer la protección de los titulares de inmuebles.

La discusión expuso, una vez más, la profunda distancia entre el oficialismo y la oposición. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, calificó el proyecto como «inconstitucional» y aseguró que la modificación del régimen de expropiaciones constituye «un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado». En la misma línea, el senador pampeano Daniel Bensusán denunció irregularidades en el trámite parlamentario y cuestionó que el nuevo dictamen hubiera sido distribuido apenas una hora antes del inicio de la sesión.

Las críticas también apuntaron al alcance político de la iniciativa. La senadora rionegrina Ana Marks sostuvo que concebir la tierra exclusivamente como un activo económico implica desconocer su dimensión social y advirtió que el nuevo régimen de desalojos no contempla respuestas para el creciente déficit habitacional.

Desde el oficialismo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que la ley representa una reparación para quienes sufrieron usurpaciones y abusos estatales. En el mismo sentido, la senadora Nadia Márquez consideró que la norma contribuirá a desalentar las ocupaciones ilegales, agilizar la recuperación de inmuebles y generar un clima más favorable para las inversiones. El radical Maximiliano Abad, en cambio, acompañó el proyecto, aunque advirtió que la llegada de capitales dependerá principalmente de la estabilidad institucional, la previsibilidad económica y la fortaleza de las instituciones.