Polémica por las declaraciones de Quirno sobre la venta de provincias y pueblos a extranjeros

El canciller Pablo Quirno respaldó el espíritu de la iniciativa impulsada por el Gobierno para flexibilizar el régimen de propiedad de tierras rurales y aseguró que una mayor participación de inversores extranjeros generaría beneficios para el país. Sus declaraciones se produjeron en la antesala del debate en el Senado sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La discusión sobre la propiedad de la tierra volvió a instalarse en el centro de la agenda política luego de que el canciller Pablo Quirno defendiera la posibilidad de ampliar el acceso de ciudadanos extranjeros a inmuebles y campos argentinos. Durante una entrevista televisiva, el funcionario sostuvo que la llegada de inversores del exterior representa una oportunidad para el desarrollo económico y afirmó que incluso la adquisición de «pueblos y provincias enteras» podría traducirse en beneficios para el país.

Al ser consultado sobre el alcance de la propuesta original impulsada por el Gobierno nacional, Quirno respondió que el ingreso de capitales extranjeros para adquirir tierras, edificios o desarrollar emprendimientos constituye un aporte positivo para la economía argentina. Sus declaraciones generaron repercusiones políticas en momentos en que el oficialismo busca reunir apoyos parlamentarios para avanzar con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa, que será debatida en el Senado, originalmente contemplaba modificaciones a la Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El objetivo inicial era eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, aunque posteriormente el Gobierno introdujo cambios para facilitar acuerdos legislativos.

La normativa vigente establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país y fija, además, límites para la concentración de superficies y restricciones vinculadas a áreas consideradas estratégicas. Esas disposiciones fueron incorporadas con el propósito de preservar el control nacional sobre recursos naturales y territorios de valor productivo.

Más allá de las modificaciones introducidas durante la negociación parlamentaria, el proyecto mantiene cambios relevantes en materia de expropiaciones, desalojos, propiedad rural y manejo del fuego. Para el Gobierno, la reforma apunta a fortalecer la protección de la propiedad privada y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones. En cambio, distintos sectores de la oposición, organizaciones sociales y especialistas advierten que las modificaciones podrían facilitar una mayor extranjerización de la tierra y ampliar el margen de intervención de actores privados sobre recursos considerados estratégicos.