San Juan asegurará US$ 250 millones para obras antes del inicio de la explotación de Vicuña

El Gobierno de San Juan acordó con Minera Vicuña Argentina un aporte extraordinario, fijo y no reembolsable de US$ 250 millones para financiar infraestructura antes del inicio de la explotación del yacimiento. El convenio, que deberá ser ratificado por la Legislatura, también crea un fideicomiso financiado con el 1,5% de la facturación del proyecto, mantiene el régimen de regalías y pone fin a un conflicto administrativo que permanecía abierto desde 2022.

La Provincia dio un paso de fuerte impacto político y económico al cerrar un acuerdo con Minera Vicuña Argentina que permitirá a la provincia disponer de 250 millones de dólares antes de que el proyecto entre en producción, un mecanismo sin antecedentes en la historia de la minería local.

El entendimiento, anunciado por el gobernador Marcelo Orrego en un mensaje emitido por Cadena Provincial, establece un aporte extraordinario que, según precisó el mandatario, será fijo, no reembolsable y no compensable, una condición que busca garantizar la disponibilidad de los recursos con independencia de la evolución futura del emprendimiento.

El convenio será enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación y destina la totalidad de esos fondos a obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento. La decisión apunta a acelerar inversiones consideradas prioritarias para el desarrollo provincial sin esperar el inicio de la explotación comercial del yacimiento y el consecuente ingreso de regalías.

Más allá del desembolso inicial, el pacto incorpora un esquema de financiamiento permanente mediante la creación de un fideicomiso de infraestructura pública que recibirá un aporte equivalente al 1,5% del valor bruto de facturación del proyecto Vicuña. Esos recursos serán administrados, auditados y ejecutados por el Estado provincial bajo los procedimientos previstos en la legislación de contratación pública.

El convenio, además, ratifica el régimen vigente de regalías mineras, que continuará fijado en el 3% del valor bruto de facturación una vez iniciada la etapa productiva.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es que también resuelve la controversia administrativa originada en 2022 por la aplicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), un diferendo que condicionaba aspectos regulatorios del proyecto. La resolución de ese proceso aporta previsibilidad jurídica tanto para la empresa como para la provincia y despeja uno de los principales frentes pendientes para el desarrollo del emprendimiento.

En este sentido, Minera Vicuña asumió el compromiso de ejecutar con recursos propios parte de la infraestructura necesaria para la operación del yacimiento. Entre esas inversiones se encuentran la construcción de la línea eléctrica y el denominado Corredor Norte, la vía que conectará Angualasto con el complejo minero.

El anuncio fue presentado por Orrego como el resultado de un proceso de negociación que demandó más de dieciocho meses y que incluyó reuniones en San Juan, Buenos Aires, Santiago de Chile, Vancouver y Nueva York, además de los primeros contactos establecidos durante la feria minera PDAC, uno de los principales encuentros internacionales del sector.

Durante su mensaje, el gobernador sostuvo que el acuerdo refleja la confianza de los inversores en la provincia y en un esquema institucional basado en reglas estables y seguridad jurídica. También planteó que el objetivo es que los beneficios derivados de las grandes inversiones comiencen a traducirse en infraestructura y desarrollo antes de que la mina alcance su etapa de producción.

La magnitud del aporte constituye un hecho inédito para San Juan. El propio mandatario recordó que el único antecedente de un desembolso previo por parte de una empresa minera se remonta a la década de 1990, cuando Barrick realizó un aporte de apenas 50.000 dólares durante la gestión de Jorge Escobar, una cifra que evidencia la diferencia de escala respecto del convenio alcanzado con Vicuña.

Con este entendimiento, el Gobierno provincial busca inaugurar un nuevo modelo de vinculación entre el Estado y la gran minería, en el que una parte de los beneficios económicos de los proyectos de gran escala se anticipe para financiar infraestructura pública, fortalecer la competitividad de la provincia y ampliar el impacto de las inversiones sobre el conjunto de la economía sanjuanina.