La CGT, las CTA y organizaciones sociales ratifican la movilización pese a los cambios en la Ley de Tierras

La CGT, las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos y organizaciones sociales confirmaron que se movilizarán este jueves frente al Congreso. Consideran que la eliminación del capítulo que flexibilizaba la venta de tierras a extranjeros no modifica los aspectos centrales del proyecto, al que continúan rechazando por entender que afecta derechos sociales, patrimoniales y ambientales.

La decisión del Gobierno nacional de retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que proponía flexibilizar la venta de tierras a extranjeros no alcanzó para desactivar la protesta convocada por el movimiento sindical. La CGT, las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FRESU) y diversas organizaciones sociales ratificaron la movilización prevista frente al Congreso, donde se debatirá una de las iniciativas más controvertidas impulsadas por la administración de Javier Milei.

Desde la conducción cegetista confirmaron que la concentración se desarrollará desde las 14 frente al Palacio Legislativo, al sostener que las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo no alteran el contenido de fondo del proyecto. «Se sostiene la movilización», señalaron dirigentes de la central obrera, que consideran que la propuesta continúa incorporando disposiciones que afectan derechos adquiridos y el patrimonio nacional.

En la misma línea se expresó el Frente de Sindicatos Unidos, espacio que reúne a organizaciones gremiales críticas de la actual conducción de la CGT. Sus referentes anunciaron que comenzarán a concentrarse desde el mediodía y advirtieron que el texto conserva artículos que califican como perjudiciales para amplios sectores de la sociedad.

Entre los puntos más cuestionados mencionan mecanismos que agilizan desalojos de inquilinos, comunidades indígenas y familias campesinas; restricciones a las facultades del Estado para disponer expropiaciones por razones de utilidad pública y modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que, según denuncian, facilitarían la comercialización de terrenos afectados por incendios.

Las dos CTA también confirmaron su participación en la protesta. Tanto la CTA Autónoma como la CTA de los Trabajadores sostienen que la eliminación del capítulo referido a la venta de tierras no modifica el espíritu general de la iniciativa, por lo que consideran necesario mantener la presión sobre el Congreso durante el tratamiento legislativo.

La convocatoria fue respaldada además por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que ratificó su presencia en la movilización y llamó a confluir con las centrales sindicales en una manifestación unificada. Desde la organización indicaron que la convocatoria permanecerá vigente hasta nuevo aviso.

La decisión de sostener la protesta ya había sido anticipada durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la CGT, en la calle Azopardo. Allí participaron los integrantes del triunvirato de conducción, Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, junto a los secretarios generales de la CTA Autónoma, Hugo Godoy, y de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

Durante ese encuentro, los dirigentes cuestionaron con dureza el proyecto oficial y afirmaron que la propuesta original para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros significaba «ponerle un cartel de venta al país» en beneficio de intereses económicos concentrados. Aunque ese apartado fue finalmente eliminado para facilitar el tratamiento parlamentario, las organizaciones sindicales consideran que el resto de la iniciativa mantiene cambios de fondo que justifican la continuidad del plan de protesta.

La movilización volverá a colocar al movimiento obrero y a las organizaciones sociales en el centro del debate político mientras el oficialismo intenta reunir los apoyos necesarios en el Senado para avanzar con una de las reformas consideradas prioritarias por la Casa Rosada. El resultado de esa pulseada parlamentaria y la magnitud de la protesta marcarán un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y las principales centrales sindicales del país.