Vialidad Nacional denuncia que los bi trenes acelerarán el deterioro de las rutas

La Federación del Personal de Vialidad Nacional rechazó la ampliación de los límites para la circulación de bi trenes autorizada por el Gobierno nacional. El gremio sostuvo que la medida incrementará el desgaste de la infraestructura vial, elevará los riesgos para la seguridad y encarecerá las futuras reparaciones en una red que, según denunció, atraviesa un profundo proceso de deterioro por la falta de inversión.

La decisión del Gobierno nacional de ampliar las dimensiones permitidas para los camiones de gran porte volvió a encender las críticas de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que advirtió sobre las consecuencias que tendrá la medida en una red vial afectada por el déficit de mantenimiento.

El cuestionamiento surgió luego de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 689/2026, que modificó los límites máximos de longitud para los vehículos de carga. La normativa habilita unidades de hasta 19,60 metros para tractocamiones con semirremolques impulsados por energías limpias —como GNC o electricidad— y extiende hasta 31,25 metros el largo permitido para determinadas configuraciones de bi trenes.

Desde la organización sindical sostienen que la actualización normativa profundiza un proceso de flexibilización iniciado durante 2025 y consideran que resulta incompatible con el estado actual de las rutas nacionales. Según remarcaron, la circulación de unidades que pueden transportar hasta 76 toneladas acelerará el deterioro de los pavimentos y aumentará los riesgos para quienes transitan por los corredores viales.

El secretario Gremial y de Prensa de FEPEVINA, Fabián Cattanzaro, afirmó que la ausencia de conservación de la infraestructura y la reducción de los controles convierten a la nueva disposición en un factor que agrava los problemas existentes. A su entender, lejos de generar eficiencia, el ahorro derivado de la reducción de la inversión terminará multiplicando los costos futuros.

El dirigente explicó que, de acuerdo con estimaciones técnicas del organismo, cada peso que deja de destinarse al mantenimiento preventivo obliga posteriormente a desembolsar entre cinco y siete veces más para recuperar los caminos deteriorados, una erogación que finalmente afronta toda la sociedad.

Riesgos para la seguridad vial

FEPEVINA también vinculó el deterioro de la infraestructura con el incremento de los siniestros de tránsito y sostuvo que la falta de inversión tiene un impacto directo sobre el sistema de salud pública. En ese sentido, Cattanzaro aseguró que los hospitales ubicados sobre corredores nacionales reciben cada vez más víctimas de accidentes, una consecuencia que, según afirmó, no suele incorporarse al análisis económico de las políticas de ajuste.

El sindicalista indicó además que la circulación de bi trenes crece de manera sostenida en los accesos a Vaca Muerta, donde la demanda logística es cada vez mayor, y alertó que esas unidades ya comienzan a utilizar rutas provinciales que, a su juicio, no fueron diseñadas para soportar ese tipo de tránsito pesado.

En ese marco, planteó que el desarrollo energético de la región requiere una política integral de infraestructura, con corredores viales adecuados y una mayor participación del ferrocarril para absorber parte del transporte de cargas.

Reclamo por los fondos del impuesto a los combustibles

Otro de los aspectos del planteo sindical apunta a los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos que, por ley, deben financiar a Vialidad Nacional. FEPEVINA denunció que esos fondos permanecen retenidos por el Ministerio de Economía y recordó que presentó dos denuncias penales contra el ministro Luis Caputo y el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Según Cattanzaro, durante el actual período se habrían retenido alrededor de 1.000 millones de dólares, monto que —afirmó— habría permitido ejecutar tareas de conservación sobre unos 20.000 kilómetros de rutas o construir aproximadamente 4.000 kilómetros de nuevos caminos.

Frente a ese panorama, la federación insistió en que el Congreso declare la emergencia en Vialidad Nacional y reclamó que los recursos previstos por ley sean destinados de manera inmediata al mantenimiento de la infraestructura existente. Para el gremio, mientras la construcción de nuevas obras responde a decisiones de política pública, la conservación de la red vial constituye una obligación legal que el Estado nacional no puede dejar de cumplir.