Revés judicial para el Gobierno en la disputa por el presupuesto universitario

La Justicia restableció plenamente la vigencia de la medida cautelar luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso del Estado nacional. El fallo obliga a garantizar la actualización salarial de docentes y no docentes, además de los fondos destinados a becas, mientras continúa el trámite judicial sobre el fondo de la causa.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dejó firme este martes la medida cautelar que obliga al Estado nacional a garantizar el financiamiento de las universidades públicas, al considerar que perdió efecto la suspensión que había dispuesto durante la tramitación del expediente. La resolución llega después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, despejando el principal argumento que había motivado el freno transitorio de la orden judicial.

Con esta decisión, el Estado deberá continuar asegurando las partidas presupuestarias destinadas a la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes, además de los recursos previstos para becas estudiantiles y otros programas contemplados en la Ley de Financiamiento Universitario. La Sala III también ordenó devolver el expediente al juzgado de primera instancia para avanzar con la ejecución de la cautelar, que permanecerá vigente hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del conflicto.

El litigio se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Poder Ejecutivo intentó condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025. Aunque la norma fue vetada por el Ejecutivo, el Parlamento insistió con su aprobación tras reunir las mayorías necesarias en ambas cámaras, en medio de una amplia movilización de la comunidad universitaria en defensa del sistema público de educación superior.

La legislación establece mecanismos de actualización para las remuneraciones del personal universitario y dispone la recomposición de los programas de becas, entre ellos Progresar. Frente a la demora en su implementación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), acompañado por organizaciones gremiales docentes, promovió una acción de amparo colectivo para exigir el cumplimiento de esos artículos.

La controversia ya había registrado un capítulo decisivo en junio, cuando la Corte Suprema rechazó la presentación del Gobierno y mantuvo vigente la cautelar que ordena aplicar los artículos centrales de la Ley 27.795 vinculados a salarios y financiamiento estudiantil. Aquella resolución fue suscripta por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El pronunciamiento judicial coincidió con el anuncio oficial de un esquema de transferencias para las universidades nacionales, que contemplaba incrementos del 24,33% para salarios, del 20% para gastos de funcionamiento y una ampliación de los recursos destinados a hospitales universitarios hasta alcanzar los 50.000 millones de pesos. Sin embargo, las autoridades universitarias sostuvieron que esa propuesta elevaba el presupuesto al 0,6% del Producto Bruto Interno, por debajo del 0,75% previsto en la ley vigente.

Con la resolución conocida durante la jornada de este martes, la cautelar recuperó plena vigencia y continuará resguardando la actualización de salarios y becas hasta que la Justicia resuelva de manera definitiva la legalidad del decreto cuestionado y la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario.