Achem: «Defendemos el derecho a la educación y queremos a los alumnos en las aulas»

El Gobierno de San Juan reafirmó su decisión de garantizar la continuidad del ciclo lectivo tras el paro docente que, según cifras oficiales del Ministerio de Educación, alcanzó un acatamiento cercano al 70% en la provincia. El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, aseguró que la administración provincial continuará privilegiando el diálogo con los sindicatos, aunque dejó en claro que utilizará las herramientas previstas en la legislación vigente para proteger el derecho de los estudiantes a recibir clases.

En declaraciones a la prensa, el funcionario remarcó que la realidad sanjuanina difiere de la disputa que atraviesa el sistema educativo a nivel nacional. «Nosotros no tenemos conflictos gremiales en San Juan entre gobierno y gremios; defendemos el derecho a la educación y queremos que los alumnos reciban clases», afirmó.

Achem destacó que la gestión encabezada por Marcelo Orrego sostiene una política de equilibrio fiscal que, según explicó, permitió mantener los salarios docentes por encima de la inflación sin comprometer las cuentas públicas ni el cumplimiento de las obligaciones del Estado provincial. En ese sentido, señaló que el objetivo es preservar el poder adquisitivo de los trabajadores sin poner en riesgo la sustentabilidad financiera de la provincia.

Al mismo tiempo, cuestionó las medidas de fuerza promovidas por las conducciones sindicales nacionales y consideró que responden, en muchos casos, a motivaciones ajenas a la realidad local. «No queremos que los conflictos nacionales, que muchas veces tienen carácter ideológico, afecten a la provincia», expresó, al tiempo que recordó las diferencias en la cantidad de paros registrados durante la actual gestión nacional respecto de administraciones anteriores.

El funcionario también confirmó que San Juan permanece a la espera de las definiciones que adopten el Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo de la Nación para avanzar con la implementación de la Ley de Modernización Laboral. Explicó que ambos organismos ya solicitaron información a las provincias como parte del proceso previo a la aplicación de la normativa.

«El Gobierno está obligado a aplicar la ley, no puede elegir si la aplica o no», sostuvo Achem al referirse al alcance de la nueva legislación. En ese marco, indicó que la provincia recurrirá a todos los instrumentos legales disponibles para resguardar el derecho a la educación y reducir el impacto que los conflictos gremiales puedan tener sobre el desarrollo del calendario escolar.