El FreSU convocó a movilizar contra la extranjerización de tierras y endurece su agenda de protestas

El Frente de Sindicatos Unidos resolvió impulsar una movilización al Congreso el próximo 6 de agosto para rechazar la modificación de la Ley de Tierras promovida por el Gobierno nacional. La decisión forma parte de un amplio cronograma de acciones gremiales que incluirá paros, marchas y presentaciones ante organismos internacionales.

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) profundizó su confrontación con el Gobierno nacional al aprobar un plan de lucha que tendrá como primera gran convocatoria una movilización al Congreso, prevista para el 6 de agosto, en rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Tierras. Las organizaciones que integran el espacio sostienen que la iniciativa oficial podría flexibilizar los límites a la adquisición de inmuebles rurales por parte de capitales extranjeros y advierten sobre sus consecuencias para la soberanía nacional.

La resolución fue adoptada durante un encuentro realizado en la sede de la Unión Obrera Molinera de la República Argentina (UOMA), con la participación de los secretarios generales de ATE, Rodolfo Aguiar, y de la UOM, Abel Furlán, además del dirigente molinero Rubén Lafuente, anfitrión de la reunión. El frente, conformado a comienzos de este año, reúne actualmente a más de un centenar de sindicatos pertenecientes a la CGT y a las dos CTA.

El principal eje de la protesta será el tratamiento parlamentario del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo bajo la denominación de «inviolabilidad de la propiedad privada». Para el FreSU, varios artículos de la propuesta modifican el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales y eliminan restricciones que hoy limitan la participación de inversores extranjeros.

En el documento aprobado por las organizaciones, el espacio sindical advirtió que una eventual aprobación de la reforma podría facilitar la adquisición de extensas superficies por parte de corporaciones, fondos de inversión e incluso Estados extranjeros en zonas consideradas estratégicas, como áreas de frontera, regiones patagónicas y territorios vinculados a importantes reservas hídricas. Según la declaración, ello implicaría una concentración aún mayor de la propiedad rural y pondría en riesgo el control nacional sobre recursos naturales considerados sensibles.

La movilización al Congreso formará parte de una agenda de protestas que se extenderá durante todo agosto. El 3 de agosto, el FreSU adherirá al paro nacional convocado por ATE y CTERA, acompañado por una movilización de trabajadores estatales hacia el Ministerio de Economía. Un día después, el 4 de agosto, participará de una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde denunciará presuntos hechos de persecución sindical atribuidos al Gobierno nacional.

El cronograma continuará el 7 de agosto con la participación en la tradicional marcha de San Cayetano, convocada junto a la CGT, las dos CTA y la UTEP bajo la consigna de «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo». Más adelante, el 18 de agosto, el frente presentará una nueva edición del Índice FreSU en la sede de CONADU, mientras que para el 2 de septiembre, en coincidencia con el Día de la Industria, prevé una nueva jornada de protesta cuya modalidad aún se encuentra en definición.

Durante la reunión también se resolvió que cada organización elabore un diagnóstico sobre la realidad de su actividad y proponga iniciativas vinculadas con el empleo, la producción, el desarrollo industrial y la defensa de la soberanía económica. Esos aportes pasarán a integrar un programa común que retomará las conclusiones del plenario sindical realizado el pasado 1° de Mayo en el predio de la UOM en Pilar, del que participaron más de 1.500 delegados de todo el país.

La sucesión de medidas anunciadas convierte a agosto en uno de los meses de mayor intensidad para el movimiento sindical desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Con paros nacionales, movilizaciones, reclamos legislativos y presentaciones ante organismos internacionales, el FreSU busca consolidarse como uno de los principales espacios de coordinación gremial y ampliar la articulación entre sindicatos, organizaciones sociales y otros actores que cuestionan las políticas impulsadas por el Gobierno nacional.