El Colegio de Farmacéuticos alertó sobre los riesgos de vender medicamentos fuera de las farmacias

El anteproyecto del Gobierno nacional para reformar la Ley 17.565 reavivó la discusión sobre la comercialización de medicamentos. Mientras la iniciativa busca ampliar los canales de venta y flexibilizar la actividad farmacéutica, el Colegio de Farmacéuticos de San Juan sostiene que la normativa provincial preserva el control sanitario y limita la aplicación de esos cambios dentro de la jurisdicción.

La propuesta del Gobierno nacional para modificar la Ley 17.565, que regula el ejercicio de la actividad farmacéutica desde 1967, encendió las alarmas entre los profesionales del sector. El proyecto contempla una profunda desregulación del mercado, con la posibilidad de comercializar medicamentos de venta libre fuera de las farmacias, habilitar la venta por plataformas digitales y flexibilizar distintos requisitos para el funcionamiento de estos establecimientos.

En San Juan, sin embargo, el impacto de esas modificaciones encuentra un límite en la legislación provincial. El presidente del Colegio de Farmacéuticos, Esteban Maldonado, explicó que la provincia conserva el poder de policía sanitaria, facultad que le permite establecer las condiciones bajo las cuales pueden dispensarse drogas y especialidades medicinales. En ese sentido, recordó que la reglamentación vigente dispone que la comercialización al público solo puede realizarse en farmacias habilitadas y considera ilegal cualquier otra modalidad.

El dirigente manifestó alarma por los cambios previstos en los artículos 1 y 9 de la Ley 17.565. A su entender, la iniciativa parte de una concepción equivocada al equiparar los medicamentos de venta libre con productos de consumo masivo. «No son sustancias inocuas», advirtió, al señalar que una mayor disponibilidad fuera del ámbito farmacéutico incrementaría los riesgos de automedicación, sobreconsumo, errores en la dosificación y circulación de productos sin las condiciones adecuadas de conservación.

La reforma también incorpora la posibilidad de que los medicamentos sin receta puedan liquidarse en comercios no especializados, como supermercados o kioscos, además de habilitar la comercialización por internet con entrega a domicilio. En este punto, propone digitalizar recetas y registros, permitir que las farmacias adopten cualquier figura jurídica y eliminar diversas exigencias administrativas relacionadas con horarios y habilitaciones. Incluso contempla que determinadas droguerías puedan vender directamente al público bajo ciertas condiciones.

Para Maldonado, el principal problema no radica únicamente en ampliar los puntos de venta, sino en debilitar el rol sanitario del farmacéutico. Consideró que el medicamento debe ser tratado como un bien vinculado a la salud pública y no como una mercancía sometida exclusivamente a las reglas del mercado. También cuestionó la ausencia de garantías sobre la trazabilidad y conservación de los productos cuando quedan fuera del circuito profesional, donde existen controles permanentes sobre temperatura, almacenamiento y autenticidad.

Otro de los aspectos que genera objeciones es la modificación de la figura del director técnico. El proyecto permitiría que un mismo profesional asuma esa responsabilidad en más de una farmacia. Para el titular del Colegio, esa posibilidad resulta incompatible con las obligaciones que impone la función, ya que la responsabilidad legal permanece intacta aun cuando la presencia física del farmacéutico no pueda garantizarse en todos los establecimientos bajo su supervisión.

Las plataformas digitales constituyen otro foco de inquietud. Maldonado advirtió que una operatoria centralizada podría facilitar el envío de medicamentos desde otras jurisdicciones hacia San Juan, dificultando la aplicación de las normas provinciales y el control efectivo sobre la comercialización. A ello se suma el riesgo de que el consumidor adquiera fármacos sin el asesoramiento profesional necesario para un uso seguro y racional.

Rentabilidad en descenso y nuevos desafíos para las farmacias

El debate regulatorio coincide con un momento de fuerte presión económica sobre las farmacias. Según explicó Maldonado, la mayor parte de las dispensas se realiza mediante obras sociales, un sistema que ofrece márgenes de rentabilidad reducidos y plazos de cobro que oscilan entre 60 y 90 días, lo que complica el sostenimiento financiero de los establecimientos.

Frente a ese panorama, muchas farmacias ampliaron su oferta con productos de perfumería, higiene, limpieza e incluso alimentos para generar ingresos que compensen la escasa rentabilidad de la venta de medicamentos. Esa diversificación, sostuvo, resulta indispensable para mantener abiertas las puertas sin resignar la función sanitaria que cumplen dentro del sistema de salud.

Mientras el Gobierno nacional impulsa una transformación profunda del régimen farmacéutico, en San Juan el marco legal vigente aparece como una herramienta para preservar el modelo de dispensación bajo supervisión profesional. El resultado de la discusión marcará los límites de la reforma y la puja entre el libre mercado y la autoridad local de fiscalización, clave para el colegio profesional en la defensa de los usuarios.