El Frente de Gremios Estatales se incorpora al plan de lucha de la CGT y las CTA

El Frente de Gremios Estatales Nacionales confirmó su participación en la movilización convocada frente al Congreso junto a la CGT, las dos CTA, organizaciones sociales y jubilados. La protesta marca el inicio de una nueva etapa de confrontación con la administración de Javier Milei, en rechazo a los despidos, la reducción del empleo público y el deterioro de los ingresos.

El sindicalismo vuelve a movilizarse este miércoles con una amplia convocatoria que reúne a la CGT, las dos CTA, movimientos sociales, organizaciones de jubilados y el Frente de Gremios Estatales Nacionales. La concentración frente al Congreso buscará visibilizar el rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y abrir una nueva etapa del plan de lucha impulsado por las principales centrales obreras.

La incorporación del espacio que nuclea a organizaciones de la administración pública amplía el alcance de la protesta y suma una agenda propia centrada en la reducción del aparato estatal, la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro salarial registrado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Desde ese ámbito sostienen que la política oficial avanza sobre funciones esenciales del Estado mediante despidos, cierre de organismos y recortes presupuestarios. A ello agregan que numerosas provincias comenzaron a replicar medidas de ajuste similares, lo que motivó la definición de una agenda federal de reclamos que también alcanzará a distintas administraciones provinciales.

El secretario general de la Federación Judicial Argentina, Matías Fachal, explicó que la presencia del Frente de Gremios Estatales responde tanto al respaldo del reclamo previsional como a la decisión de consolidar la unidad de acción entre la CGT y las dos CTA. El dirigente remarcó que la defensa del sistema jubilatorio también involucra a quienes hoy se encuentran en actividad, al advertir que los derechos previsionales forman parte de las conquistas laborales que consideran amenazadas por las reformas impulsadas desde la Casa Rosada.

La convocatoria tiene como eje la defensa de la seguridad social y la recuperación del poder adquisitivo de los haberes previsionales. Las organizaciones participantes sostienen que los jubilados constituyen uno de los grupos más afectados por el ajuste fiscal y reclaman una recomposición urgente de los ingresos, además de la restitución plena de la cobertura gratuita de medicamentos.

Fachal también anticipó que la protesta será el punto de partida de nuevas acciones coordinadas entre las distintas expresiones sindicales. En ese sentido, confirmó que el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), la CTA Autónoma y otras organizaciones continuarán avanzando en mecanismos de coordinación para fortalecer la respuesta frente a las políticas oficiales.

El rechazo a la denominada «motosierra» encuentra respaldo en los últimos datos difundidos por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). De acuerdo con ese informe, entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 la administración pública nacional perdió 69.992 puestos de trabajo, equivalente a una reducción del 20,4% de la planta de personal. El mayor impacto, en términos absolutos, se concentró en los organismos descentralizados, seguido por las empresas públicas y la administración central.

El estudio también concluye que la reducción alcanzó prácticamente a toda la estructura estatal, incluyendo organismos desconcentrados y otros entes públicos, reflejando un proceso sostenido de achicamiento administrativo que, según el centro de estudios, afectó la capacidad operativa de distintas áreas del Estado.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó su adhesión a la movilización. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la protesta inaugura una etapa de mayor conflictividad sindical y vinculó la convocatoria con la crisis que atraviesan los adultos mayores. El dirigente advirtió que la diferencia entre la jubilación mínima, actualmente ubicada en $411.989, y la Canasta Básica de los Jubilados, estimada por la Defensoría de la Tercera Edad en $1.824.682, refleja la magnitud del deterioro de los ingresos previsionales.

La movilización aparece así como el primer capítulo de una escalada de medidas que las centrales sindicales evalúan profundizar durante las próximas semanas. Sin avances en el diálogo con el Gobierno y frente a la continuidad del programa de ajuste, el movimiento obrero comienza a debatir nuevas acciones de alcance nacional, entre ellas la posibilidad de convocar a un nuevo paro general.