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FEPEVINA alertó que siete de cada diez rutas nacionales están en estado regular o malo

La Federación del Personal de Vialidad Nacional advirtió que cerca del 70% de la red vial presenta un estado entre regular y malo como consecuencia de la paralización de la obra pública. El gremio también cuestionó el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno nacional y denunció que favorece a empresas privadas con financiamiento estatal y escasas obligaciones de inversión.

El deterioro de las rutas nacionales volvió a encender las alarmas. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sostuvo que el desfinanciamiento del organismo y la suspensión de las tareas de conservación están acelerando el desgaste de la infraestructura vial, con consecuencias directas sobre la seguridad de millones de usuarios.

El secretario Gremial y de Prensa de la organización, Fabián Catanzaro, aseguró que el organismo atraviesa el momento más crítico desde su creación hace casi 94 años. Según precisó, alrededor del 70% de la red vial nacional se encuentra en condiciones entre regulares y malas, una realidad que atribuyó a la decisión del Gobierno nacional de paralizar la obra pública, incluyendo las intervenciones de mantenimiento que establece la legislación vigente.

El dirigente explicó que la falta de conservación tiene un impacto acumulativo sobre los pavimentos. De acuerdo con estimaciones técnicas de Vialidad Nacional, cada año sin mantenimiento reduce entre tres y cinco años la vida útil de una ruta, lo que acelera el deterioro y multiplica el costo de futuras reparaciones.

La organización también vinculó ese proceso con el incremento de la siniestralidad vial. Catanzaro indicó que relevamientos internos muestran un aumento cercano al 20% en los siniestros registrados desde el año pasado y afirmó que las víctimas fatales continúan en niveles preocupantes, con alrededor de 7.000 fallecidos anuales en las rutas nacionales. A su juicio, el estado de la infraestructura condiciona muchas de las maniobras que luego son atribuidas exclusivamente al error humano.

Denuncian un «apagón estadístico»

FEPEVINA cuestionó además la reducción de la información pública vinculada a la seguridad vial. Según el gremio, el proceso de ajuste que atraviesa la Agencia Nacional de Seguridad Vial también repercutió sobre la producción de estadísticas oficiales.

Catanzaro sostuvo que actualmente existe un «apagón estadístico» respecto de los siniestros y las muertes en las rutas nacionales debido al desmantelamiento de áreas técnicas encargadas de elaborar esos registros. En ese sentido, advirtió que la ausencia de datos dificulta dimensionar con precisión la evolución del problema y limita la elaboración de políticas preventivas.

Críticas al nuevo esquema de concesiones

Otro de los cuestionamientos apuntó al proceso de privatización de corredores viales impulsado por el Ejecutivo. Desde FEPEVINA señalaron que el nuevo modelo ampliará significativamente la extensión de rutas concesionadas, que pasaría de 6.500 a 9.500 kilómetros, al tiempo que se multiplicará la cantidad de estaciones de peaje, con una cabina aproximadamente cada 80 kilómetros.

El sindicato advirtió que las licitaciones se desarrollarán bajo las modificaciones incorporadas por la Ley Bases al régimen de concesiones y cuestionó el rol del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), cuya Carta Orgánica fue modificada para financiar estos proyectos.

Según Catanzaro, las empresas adjudicatarias accederán a créditos con tasas preferenciales, períodos de gracia y la posibilidad de percibir ingresos por peajes desde el inicio de la concesión, sin ejecutar inicialmente obras de gran magnitud. Para la organización, ese esquema reproduce experiencias similares aplicadas durante la década de 1990, donde —afirman— predominó la rentabilidad de las concesionarias por encima de la inversión en infraestructura.

El impacto en San Juan

La advertencia también alcanza a provincias como San Juan, donde las rutas nacionales constituyen corredores estratégicos para la minería, la producción agrícola, el turismo y el transporte de cargas. El deterioro de estas vías no sólo incrementa los riesgos para quienes las transitan diariamente, sino que también eleva los costos logísticos y afecta la competitividad de las economías regionales.

El pronunciamiento de FEPEVINA vuelve a colocar en el centro del debate el estado de la infraestructura vial argentina y el rumbo de la política de obra pública. Mientras el Gobierno avanza con un esquema de mayor participación privada en la administración de los corredores nacionales, el gremio insiste en que la falta de mantenimiento, la reducción presupuestaria y la disminución de los controles conforman una combinación que compromete tanto la conservación del patrimonio vial como la seguridad de quienes circulan por las rutas del país.

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