El empleo registrado sigue en caída y pone bajo presión a las jubilaciones

Los registros oficiales de la Subsecretaría de Seguridad Social muestran que el Sistema Integrado Previsional Argentino perdió 38.532 aportantes en el último año y más de 304.000 desde 2023. El crecimiento de la informalidad y del trabajo independiente reduce los ingresos del régimen jubilatorio mientras aumenta la cantidad de beneficiarios.

El deterioro del empleo registrado continúa profundizándose y comienza a reflejarse con fuerza en el financiamiento del sistema jubilatorio. De acuerdo con el último informe de la Subsecretaría de Seguridad Social, elaborado sobre la base de datos de ANSES y ARCA (ex AFIP), en mayo de 2026 se contabilizaron 12.442.017 aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), lo que representa una disminución de 38.532 trabajadores respecto del mismo mes del año pasado.

La comparación de más largo plazo resulta todavía más preocupante. En apenas tres años, la base de aportantes se redujo en 304.417 personas, una caída asociada al retroceso del empleo asalariado, el cierre de empresas y la reducción de plantillas tanto en la administración pública como en el ámbito privado.

Los datos oficiales también reflejan un crecimiento sostenido de la precarización laboral. Sobre una población ocupada cercana a los 22 millones de personas, alrededor de 9,5 millones desarrollan tareas sin realizar aportes al sistema previsional. Entre ellos, más de 5,6 millones de asalariados privados trabajan sin registración, elevando la tasa de informalidad al 43,6%, según las mediciones del INDEC incorporadas al informe.

La ausencia de registración no sólo implica menores ingresos para el SIPA. Ese universo de trabajadores carece de cobertura jubilatoria futura, obra social y protección frente a accidentes laborales mediante las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), ampliando las brechas de protección social.

Mientras disminuye la cantidad de quienes financian el régimen previsional, el número de prestaciones mantiene una tendencia ascendente. En mayo de este año, el SIPA abonó 6,8 millones de jubilaciones y pensiones, con 73.727 beneficios más que un año antes, equivalente a un incremento interanual del 1,1%.

La composición del universo de jubilados también expone la transformación del sistema. El 46,4% de las prestaciones corresponde a beneficios obtenidos mediante moratorias previsionales, el 44,3% a jubilaciones ordinarias por cumplimiento de los años de aportes y el 9,3% restante responde a otros regímenes especiales. Aunque las jubilaciones ordinarias crecieron en 58.863 casos durante el último año por el cumplimiento de la edad y los requisitos legales, la relación entre aportantes activos y beneficiarios continúa deteriorándose.

Otro elemento que agrava el cuadro es la expansión del trabajo independiente. Los aportes efectuados por monotributistas y otras modalidades autónomas resultan considerablemente inferiores a las contribuciones generadas por un empleo asalariado formal, lo que reduce la capacidad de financiamiento genuino del sistema y obliga al Estado nacional a cubrir una porción cada vez mayor del déficit previsional mediante recursos del Tesoro.

Las proyecciones tampoco ofrecen señales alentadoras. Los anuncios de nuevas reducciones de personal en organismos públicos, sumados a las dificultades que atraviesan numerosas empresas privadas, anticipan una mayor presión sobre el mercado laboral registrado y sobre las cuentas del régimen jubilatorio.

La evolución de los indicadores confirma una transformación profunda del mercado de trabajo argentino. La disminución del empleo formal, el crecimiento de la informalidad y el aumento sostenido de las prestaciones previsionales configuran un desafío de creciente magnitud para la sostenibilidad financiera del SIPA, en un momento en que el equilibrio entre aportantes y beneficiarios aparece cada vez más comprometido.