Santa Cruz: policías desafían el cierre de la paritaria y endurecen la protesta

Los policías y penitenciarios autoconvocados ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza luego de que el Gobierno de Claudio Vidal diera por concluida la negociación salarial mediante una resolución administrativa. Reclaman un salario inicial de $2,2 millones y denuncian que las reuniones estuvieron atravesadas por presiones y decisiones unilaterales.

La decisión del Gobierno de Santa Cruz de dar por finalizada la negociación salarial con las fuerzas de seguridad profundizó un conflicto que ya supera el mes de duración y mantiene a policías y penitenciarios autoconvocados acampando frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos. Los representantes de la Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria confirmaron que las protestas continuarán en toda la provincia hasta que el Ejecutivo restablezca el diálogo.

Los efectivos cuestionan la Resolución 342 del Ministerio de Seguridad, mediante la cual la administración provincial dio por cerrada la discusión e impuso un incremento salarial que incorpora sumas no remunerativas. A juicio de los autoconvocados, esa modalidad perjudica especialmente a retirados y pensionados, además de desconocer los planteos formulados durante semanas de conversaciones.

El reclamo central apunta a establecer un salario inicial de bolsillo de $2.200.000 para el personal que ingresa a la fuerza y a que toda mejora salarial tenga carácter remunerativo. Sostienen que, desde el comienzo de las negociaciones el pasado 10 de junio, presentaron numerosas alternativas que fueron rechazadas sin una instancia real de consenso.

Durante una conferencia de prensa realizada en la denominada «Carpa de la Dignidad», Ramón Quipildor, uno de los voceros de la mesa, sostuvo que las reuniones estuvieron dominadas por imposiciones y presiones, y afirmó que nunca existió una negociación genuina entre las partes.

Las asambleas desarrolladas en distintas localidades resolvieron sostener el acampe y las medidas de protesta. No obstante, los efectivos aclararon que continúan prestando servicios esenciales, atendiendo emergencias, incendios y delitos graves, mientras suspendieron tareas administrativas y patrullajes preventivos como forma de visibilizar el reclamo.

Los representantes también denunciaron el deterioro de las condiciones de trabajo en las dependencias policiales, con comisarías que presentan deficiencias edilicias, falta de recursos y problemas derivados de la sobrepoblación de detenidos. En ese marco, reiteraron el pedido de una audiencia con el gobernador Claudio Vidal, a quien responsabilizan por la falta de respuestas frente a un conflicto que, aseguran, se profundiza con el paso de los días.

La decisión oficial de cerrar unilateralmente la negociación abrió un nuevo foco de desgaste para la administración provincial y trasladó el conflicto a un plano institucional, donde la recomposición del diálogo aparece como el principal desafío para evitar una mayor escalada entre el Gobierno y una de las fuerzas más sensibles del Estado santacruceño.