Tras el fallo de la Corte, los gremios universitarios exigen la ejecución plena de la ley de financiamiento

El fallo de la Corte Suprema que dejó firme la obligación del Estado de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario abrió una nueva etapa del conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades. Mientras la CONADU reclama que la recomposición salarial se refleje íntegramente en los haberes de agosto, la FATUN exige incorporar las sumas no remunerativas al salario básico y la FEDUN convocó a defender el sistema científico frente al ajuste sobre organismos de investigación.

La decisión de la Corte Suprema de rechazar el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional modificó el tablero del conflicto universitario. Con la medida cautelar plenamente vigente, las organizaciones sindicales interpretan que ya no existen obstáculos judiciales para ejecutar en su totalidad la Ley de Financiamiento Universitario y comenzaron a coordinar una nueva etapa de reclamos destinada a garantizar la recuperación salarial y el sostenimiento de las universidades públicas.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) fue la primera en fijar posición. Reunido en Buenos Aires, el plenario de secretarios generales resolvió profundizar el plan de lucha y reclamar que la liquidación de los salarios de julio, que se abonarán en agosto, incorpore la totalidad de las actualizaciones previstas en los artículos 4 y 5 de la norma.

El gremio considera insuficiente el acuerdo alcanzado con el Poder Ejecutivo, que permitió cancelar el 21,3% de la deuda salarial acumulada y prevé un incremento adicional del 3% para octubre. Según las organizaciones docentes, esa recomposición apenas cubre una parte del deterioro sufrido por los ingresos universitarios, cuya pérdida real supera el 50% durante los últimos tres años. Bajo esa premisa, sostienen que aún resta recuperar cerca de un tercio del poder adquisitivo perdido.

La organización también impulsa consultas en las distintas universidades para evaluar una profundización de las medidas gremiales durante el segundo cuatrimestre, incluyendo la posibilidad de una suspensión total de las actividades académicas si el Ejecutivo no cumple plenamente con la legislación vigente.

La discusión salarial también moviliza al personal nodocente. La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), conducida por Walter Merkis, abrió una nueva ronda de negociaciones con representantes del Gobierno nacional y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde reclamó actualizar la garantía salarial en el mismo porcentaje otorgado durante junio y previsto para octubre.

El planteo de la FATUN incorpora además una demanda histórica: que todas las sumas no remunerativas y no bonificables pasen a integrar el salario básico de cada categoría, respetando la estructura establecida en el Convenio Colectivo de Trabajo. La incorporación de esos conceptos impactaría no sólo sobre los haberes mensuales, sino también sobre adicionales, antigüedad y futuras jubilaciones del personal universitario.

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias respondieron que ese planteo no puede resolverse administrativamente debido a que forma parte de las cuestiones alcanzadas por el proceso judicial todavía en ejecución, respuesta que fue recibida con preocupación por la representación sindical.

La disputa trasciende la cuestión salarial. La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) decidió ampliar el eje del reclamo hacia la política científica del Gobierno y convocó a respaldar el proyecto de ley destinado a garantizar la sostenibilidad y protección del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, iniciativa impulsada por la ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis.

La organización advirtió sobre el impacto que los recortes presupuestarios, la paralización de programas y la reducción de personal generan sobre el sistema científico argentino y llamó a fortalecer la articulación entre universidades, institutos de investigación y organizaciones sindicales para preservar la capacidad nacional de producción de conocimiento.

La convocatoria tendrá lugar el próximo 16 de julio y buscará consolidar una respuesta conjunta frente a las políticas de ajuste aplicadas sobre el sistema universitario y científico.

Con el respaldo judicial obtenido por las universidades y una recomposición salarial aún inconclusa, el conflicto ingresa ahora en una etapa de mayor presión institucional. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si el Gobierno avanza con la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario o si la disputa deriva en un nuevo ciclo de protestas capaz de alterar el normal desarrollo del segundo cuatrimestre académico en todo el país.