FEPEVINA denunció que las nuevas concesiones viales garantizan «riesgo empresario cero»

La Federación del Personal de Vialidad Nacional aseguró que el esquema de concesiones impulsado por el Gobierno favorece a las compañías adjudicatarias mediante créditos subsidiados y garantías estatales. Además, reclamó la transferencia de recursos del impuesto a los combustibles destinados a Vialidad Nacional y advirtió sobre el deterioro de la seguridad vial, al denunciar un «apagón estadístico» en los organismos encargados de relevar los siniestros.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con una nueva etapa de concesiones sobre corredores viales reavivó el enfrentamiento con los trabajadores de Vialidad Nacional. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) sostuvo que el modelo elegido para transferir la operación de rutas al capital privado incorpora condiciones financieras que, a su entender, eliminan prácticamente el riesgo empresarial y trasladan al Estado parte sustancial del respaldo económico de las inversiones.

La controversia se profundizó luego de que el Ministerio de Economía oficializara la primera etapa del proceso licitatorio para concesionar distintos tramos administrados hasta ahora por Corredores Viales S.A. La medida comprende los corredores Mediterráneo, Puntano, Portuario Norte y Portuario Sur, por los que se presentaron 18 empresas con 41 ofertas. Tras la evaluación técnica y administrativa, 13 propuestas fueron descartadas por incumplimientos formales, mientras que las restantes quedaron habilitadas para continuar en la compulsa.

Asimismo, una impugnación presentada por la unión transitoria integrada por Creditech S.A. y Plantel S.A. fue aceptada, lo que permitió su reincorporación al proceso.

Desde FEPEVINA, el secretario Gremial y de Prensa, Fabián Cattanzaro, cuestionó especialmente el esquema de financiamiento previsto para las futuras concesionarias. Según explicó, las compañías adjudicatarias podrán acceder a líneas de crédito del Banco BICE con tasas preferenciales —dos puntos porcentuales sobre UVA— y dispondrán de un período de gracia de dos años antes de comenzar a cancelar los préstamos.

Para el dirigente sindical, esas condiciones representan «una verdadera subvención» financiada por el Estado. A ello, agregó, se suma la posibilidad de respaldar esos créditos mediante garantías del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), mecanismo que, según su interpretación, reduce significativamente la exposición económica de las empresas que resulten adjudicatarias. «Eso configura un riesgo empresario prácticamente nulo», afirmó.

Otro de los cuestionamientos planteados por la organización gremial apunta al destino de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos. FEPEVINA sostiene que el 14 % de esa recaudación debería ser transferido a Vialidad Nacional para financiar obras de conservación y desarrollo de la infraestructura vial, aunque —según denunció— esos fondos no están llegando al organismo.

De acuerdo con las estimaciones elaboradas por la federación, la deuda acumulada rondaría los mil millones de dólares. Cattanzaro afirmó que esos recursos habrían permitido ejecutar miles de kilómetros de mantenimiento y nuevas obras sobre la red nacional, al tiempo que sostuvo que el dinero estaría siendo utilizado para otros objetivos de política económica.

Las críticas no se limitaron al proceso licitatorio. FEPEVINA también expresó preocupación por el estado de las rutas nacionales y por la capacidad del Estado para monitorear la seguridad vial. Un informe técnico elaborado por la organización señala que más del 53 % de los aproximadamente 2.700 kilómetros de rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe presentan un estado de conservación calificado como «malo». Sobre esa base, el gremio indicó que entre enero y abril de este año se registraron 34 fallecimientos en siniestros ocurridos sobre esos corredores.

En ese punto, la entidad denunció un progresivo debilitamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Según Cattanzaro, la reducción de recursos operativos limita la realización de controles preventivos y afecta incluso la disponibilidad de equipamiento para efectuar test de alcoholemia. A ese proceso lo definió como un «apagón estadístico», al sostener que también se ha resentido la capacidad oficial para relevar y publicar información confiable sobre la evolución de la siniestralidad.

El dirigente agregó que organizaciones civiles que recopilan datos de manera independiente registran un incremento de las víctimas fatales superior al reflejado en las estadísticas oficiales, diferencia que, a su juicio, exige fortalecer los mecanismos públicos de control y producción de información.