Una firma estadounidense desembarca en Atucha en medio del recorte a la Comisión Nacional de Energía Atómica

La administración de Javier Milei autorizó, a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un proyecto de más de 1.200 millones de dólares para que la empresa estadounidense Meitner Energy construya un reactor nuclear en el predio de Atucha. El anuncio se produjo en medio de los despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la paralización del reactor CAREM y una creciente reacción de trabajadores e integrantes del sistema científico, que advierten sobre un cambio profundo en la estrategia nuclear del país.

La política nuclear volvió a instalarse en el centro del debate público tras la decisión del Gobierno nacional de habilitar la construcción de un reactor de capitales privados en el complejo de Atucha. La iniciativa, impulsada mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), fue presentada como una apuesta para atraer inversiones y generar empleo, aunque coincidió con un proceso de reducción de personal en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el freno a uno de los principales proyectos tecnológicos del país y una preocupación latente entre los equipos de trabajo y la comunidad científica.

El anuncio llegó pocas horas antes de la movilización convocada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra los casi cien despidos registrados en la CNEA. La simultaneidad de ambos acontecimientos profundizó las críticas de quienes sostienen que el Estado está cediendo protagonismo en un área considerada estratégica para el desarrollo científico, tecnológico y energético de la Argentina.

La inversión fue oficializada luego de una reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y Teófilo Lacroze, director ejecutivo de Meitner Energy para América Latina. Según informó el Gobierno, la compañía presentó un proyecto superior a los 1.200 millones de dólares para construir un reactor nuclear dentro del predio de Atucha, en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate. La iniciativa supera el umbral mínimo exigido para acceder a los beneficios del RIGI y, de acuerdo con las proyecciones oficiales, permitiría crear alrededor de 2.000 empleos directos durante las etapas de construcción, puesta en marcha y operación.

Más allá de esos números, el anuncio abrió un fuerte debate sobre el rumbo de la política nuclear argentina. Diversos referentes del ámbito científico sostienen que la incorporación de un operador privado extranjero se produce al mismo tiempo que el Estado reduce capacidades técnicas y humanas construidas durante décadas.

Entre las voces más críticas se ubicó Adriana Serquis, doctora en Física, expresidenta de la CNEA y actual diputada nacional por Fuerza Patria. La legisladora interpretó la decisión como parte de una redefinición del papel estatal en materia nuclear y afirmó que la llegada de Meitner Energy confirma un proceso orientado a transferir capacidades estratégicas al capital privado. Además, recordó que la empresa promovió la aprobación del RIGI y vinculó el ingreso de la firma con la política de reducción de personal aplicada en el organismo científico.

Otro de los puntos que concentra las observaciones es el componente tecnológico del emprendimiento. El reactor proyectado utilizará el diseño ACR-300, un reactor modular compacto de 300 megavatios desarrollado y patentado en la Argentina por INVAP, uno de los principales referentes nacionales en tecnología nuclear. Para especialistas del área, el hecho de que un desarrollo concebido por el sistema científico argentino sea explotado en un proyecto privado alimenta el debate sobre la preservación del conocimiento estratégico y el aprovechamiento de las capacidades públicas.

Las objeciones también alcanzan al futuro del proyecto CAREM, considerado durante años la principal apuesta nacional para el desarrollo de reactores modulares de pequeña potencia. La obra, que registraba un avance cercano al 70 %, quedó paralizada tras la decisión del Gobierno de suspender su financiamiento. Mientras esa iniciativa permanece detenida, el Ejecutivo habilitó la construcción de una nueva central impulsada por capitales privados en el mismo complejo nuclear.

La coexistencia entre el freno a un proyecto estatal, la reducción de recursos humanos en la CNEA y el desembarco de una empresa extranjera modificó el eje de la discusión. El debate ya no se limita al impacto laboral derivado de los despidos, sino que incorpora interrogantes sobre el modelo de desarrollo científico que promoverá el país, el papel que conservarán los organismos públicos en una industria de alto valor agregado y el alcance que tendrá la participación privada en un área históricamente vinculada a la planificación estratégica del Estado.

Con la protesta sindical en marcha y el proyecto privado en proceso de implementación, la política nuclear vuelve a convertirse en un punto de disputa institucional. Las definiciones que adopte el Gobierno en los próximos meses no sólo influirán sobre el futuro de la CNEA y del CAREM, sino también sobre el lugar que ocupará la Argentina en un campo tecnológico donde la continuidad de las capacidades acumuladas constituye uno de los principales activos nacionales.