La Justicia ratificó las facultades del interventor de la UOM y reactivó la negociación paritaria

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó que el interventor judicial Alberto Biglieri posee plenas atribuciones para designar representantes paritarios y negociar los acuerdos salariales del gremio metalúrgico. La resolución despeja las dudas planteadas por el Ministerio de Capital Humano, que había suspendido el reconocimiento de los negociadores, y traslada nuevamente al Gobierno la responsabilidad de definir la continuidad de la discusión salarial.

La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) sumó un respaldo decisivo de la Justicia y reconfiguró el conflicto institucional que condiciona la negociación salarial de una de las principales organizaciones sindicales del país. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó que el interventor designado por el tribunal, Alberto Biglieri, está plenamente habilitado para ejercer la representación del sindicato en las negociaciones colectivas, incluida la designación de los integrantes de la comisión paritaria.

La decisión, adoptada por la Sala VIII mediante un interlocutorio firmado por el juez Víctor Pesino, no sólo reafirma el alcance de la intervención dispuesta por el tribunal, sino que también despeja la incertidumbre que había paralizado el avance de las negociaciones salariales. Como parte de la resolución, la Cámara ordenó comunicar formalmente al Ministerio de Capital Humano las facultades conferidas al interventor, con el propósito de evitar nuevas interpretaciones sobre el alcance del mandato judicial.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia porque responde a la postura asumida por la cartera laboral. A través de un dictamen de su Dirección General de Asuntos Jurídicos, el Ministerio había sostenido que no estaba en condiciones de determinar si la intervención comprendía la potestad de designar representantes paritarios y conducir la negociación colectiva, razón por la cual solicitó una aclaración a la Justicia antes de convalidar la actuación de los delegados designados por Biglieri.

Esa definición administrativa dejó en suspenso el reconocimiento de los negociadores propuestos por la intervención y, en consecuencia, demoró el inicio efectivo de la discusión salarial para la industria metalúrgica. La resolución judicial respondió de manera categórica a ese planteo al señalar que el interventor ejerce «todas las facultades estatutarias y reglamentarias de gobierno, administración y fiscalización» previstas en la sentencia que dispuso la intervención, atribuciones que incluyen la negociación de los convenios colectivos y la designación de quienes representen al sindicato en ese ámbito.

El expediente también refleja la disputa abierta con la conducción desplazada de la organización gremial. Los representantes legales de las autoridades apartadas cuestionaron que el interventor hubiera extendido su actuación más allá del proceso de normalización institucional y sostuvieron que carecía de competencia para intervenir en asuntos vinculados con la administración del sindicato y la política salarial.

La Cámara rechazó esa interpretación y ratificó que las funciones conferidas por la intervención comprenden el ejercicio integral de las responsabilidades de conducción mientras dure la medida judicial. Con ese criterio, el tribunal consolidó el alcance operativo del interventor y despejó uno de los principales puntos de conflicto que rodeaban la normalización de la organización sindical.

Superada la discusión judicial, la atención vuelve a concentrarse en el Ministerio de Capital Humano. La aclaración requerida por la cartera ya fue emitida y notificada oficialmente, por lo que el margen para postergar la validación de los representantes paritarios quedó sustancialmente reducido. A partir de este nuevo cuadro jurídico, la continuidad de la negociación salarial dependerá de las decisiones administrativas que adopte el Gobierno.