La CGT, las CTA y la UTEP acelera un plan de confrontación contra la política económica del Gobierno

La conducción de la CGT dio un nuevo paso en la consolidación de una estrategia unificada del movimiento obrero al reunir en su sede a representantes de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), encuentro del que surgió un cronograma de acciones que busca ampliar la capacidad de respuesta sindical frente a las políticas impulsadas por la administración del presidente Javier Milei.

La decisión refleja un cambio de escala en la construcción opositora del sindicalismo. Más allá de las movilizaciones previstas, el objetivo consiste en consolidar una articulación permanente entre organizaciones gremiales, movimientos sociales, espacios estudiantiles y entidades populares, con la intención de proyectar una respuesta federal frente al deterioro del poder adquisitivo, la pérdida de empleo, la caída de las jubilaciones y el impacto social derivado del programa de ajuste.

El primer capítulo de esa agenda tendrá lugar el 22 de julio, cuando las organizaciones acompañarán una nueva movilización de jubilados, un colectivo que se convirtió en uno de los principales símbolos de la protesta social frente a la licuación de ingresos previsionales y la reducción del epoder adquisitivo.

La siguiente convocatoria fue fijada para el 7 de agosto, en coincidencia con la tradicional movilización de San Cayetano, jornada históricamente vinculada a los reclamos por trabajo y justicia social. La protesta también buscará influir en el debate que se abrirá con una nueva convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, ámbito que las organizaciones consideran determinante para recomponer ingresos en un contexto de fuerte pérdida salarial.

Como parte de la escalada de medidas, las centrales definieron además una movilización hacia el Ministerio de Economía durante la tercera semana de agosto. La protesta estará orientada a cuestionar el programa económico del Gobierno, al que responsabilizan por la profundización del ajuste, el incremento del endeudamiento y el deterioro de las condiciones laborales y sociales.

Durante el encuentro también se resolvió profundizar el acompañamiento a los conflictos gremiales abiertos en distintas provincias, promoviendo una mayor coordinación entre las organizaciones sindicales y sociales mediante plenarios, asambleas y acciones conjuntas que fortalezcan la presencia territorial del movimiento obrero.

La construcción de una respuesta federal constituye uno de los principales ejes de la nueva estrategia. La intención es integrar las expresiones de protesta que vienen desarrollándose en todo el país bajo una conducción coordinada, con capacidad de articular demandas laborales, sociales y previsionales en una misma agenda política.

En ese marco, los dirigentes coincidieron en avanzar hacia la convocatoria de un Paro General, considerado el instrumento de mayor contundencia para expresar el rechazo del conjunto del movimiento obrero organizado frente a políticas que —según sostienen— deterioran el empleo, debilitan las negociaciones salariales, reducen el poder de compra de las jubilaciones y profundizan la pérdida de calidad de vida de amplios sectores de la población.

La reunión también dejó definiciones en el plano institucional. Las organizaciones confirmaron su participación en la Semana Social convocada por la Comisión Episcopal Argentina, prevista para los días 4, 5 y 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba, donde confluirán dirigentes sindicales, referentes sociales, empresarios, académicos y representantes de distintos ámbitos para debatir la realidad económica y social del país.

Ese proceso de articulación tendrá continuidad durante noviembre, cuando las centrales buscarán enmarcar nuevas acciones en torno a la visita del papa León XIV a la Argentina, un acontecimiento que el sindicalismo interpreta como una oportunidad para repensar el rol y el sentido del empleo en la sociedad actual, la inclusión social, la dignidad de los trabajadores y la necesidad de reconstruir consensos frente al aumento de la fragmentación económica y social.