El Gobierno prepara una nueva ola de despidos en el Estado y apunta a organismos estratégicos

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza con una nueva etapa de reducción de personal en las próximas semanas. La estrategia impulsada por Federico Sturzenegger concentra ahora el recorte sobre organismos descentralizados y forma parte de un plan para disminuir en casi un 10% la dotación de la administración pública nacional durante 2026.

La administración de Javier Milei prepara una nueva ofensiva sobre el empleo público. De acuerdo con fuentes oficiales, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado avanza en un esquema de reducción de personal que contempla el desplazamiento de aproximadamente 6.000 trabajadores en el corto plazo, una resolución que inaugura un ciclo de reforma administrativa profunda.

El programa diseñado por Federico Sturzenegger tiene una meta definida: concluir 2026 con alrededor de 27.000 puestos eliminados entre la administración pública nacional, las empresas estatales y las sociedades con participación del Estado. La cifra equivale a una disminución cercana al diez por ciento de la plantilla existente al comienzo del año y constituye uno de los puntos centrales de la estrategia oficial para consolidar el equilibrio de las cuentas públicas.

A diferencia de las primeras etapas del proceso, cuando la reducción de personal se concentró principalmente en ministerios y dependencias de la administración central, la próxima fase focalizará sobre organismos descentralizados con funciones técnicas, científicas, regulatorias y de seguridad social.

Entre las instituciones alcanzadas por el análisis oficial aparecen el INDEC, el CONICET, la CONEAU, la ANSES, el INTA, el INTI, el SENASA, además de los entes reguladores Enargas, ENRE y el Enacom. Aunque el Gobierno evita confirmar el alcance definitivo de las medidas, distintas fuentes coinciden en que esas estructuras integran el universo bajo evaluación.

Desde la Casa Rosada sostienen que la reducción del gasto responde al deterioro de los ingresos fiscales y a la decisión de preservar el superávit financiero, convertido por el Ejecutivo en el principal ordenador de la política económica. En ese marco, la disminución de la planta estatal aparece como una herramienta permanente y no como una medida transitoria.

La perspectiva genera una fuerte reacción sindical. Tanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) cuestionan la continuidad del ajuste y advierten que una nueva reducción de personal comprometería funciones esenciales vinculadas con la producción, la investigación científica, el control sanitario, las estadísticas oficiales, la regulación de servicios públicos y la administración de las prestaciones sociales.

Las cifras ilustran la dimensión de la iniciativa. Con una dotación superior a los 278.000 trabajadores al inicio de 2026, el cumplimiento del objetivo oficial implicaría una de las mayores reestructuraciones de la administración pública nacional de las últimas décadas, profundizando un proceso que trasciende la reducción del gasto y redefine el alcance operativo del Estado argentino.