El Correo Argentino acelera su ajuste entre cierres, recorte de personal y conflicto gremial

La empresa estatal profundiza su proceso de reorganización con el cierre de centenares de sucursales, retiros voluntarios, despidos y la incorporación de tecnología para automatizar procesos. La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones sostiene que las medidas responden a una estrategia destinada a reducir la estructura de la compañía para facilitar una futura privatización, mientras el conflicto salarial suma un nuevo foco de tensión.

La reestructuración del Correo Argentino atraviesa una fase de cambios profundos en sus operaciones y en su planta de personal. Según datos difundidos por la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT), ya fueron clausuradas unas 300 sucursales de un programa que prevé alcanzar las 900 dependencias, al tiempo que la dotación de trabajadores descendió de 18.000 a 11.000 entre retiros voluntarios y desvinculaciones.

Para la organización sindical, el redimensionamiento de la empresa excede un criterio de eficiencia administrativa. Desde FOECYT sostienen que el Gobierno nacional impulsa un proceso de reducción progresiva de la estructura con el propósito de crear las condiciones para una futura privatización de la compañía y la eventual venta de sus activos inmobiliarios. «Es una política de achicamiento y vaciamiento. Quieren reducir la empresa para venderla en mejores condiciones», afirmaron.

El ajuste impacta con mayor intensidad en el interior del país. Provincias como San Luis, Catamarca, Mendoza y Santiago del Estero son las más afectadas por estos cierres, que dejan a pueblos enteros desconectados de la red federal de entregas. y concentran buena parte de los cierres, aunque la reducción de la red se extiende a numerosas localidades donde la oficina postal constituye el único vínculo permanente con servicios estatales y financieros.

La clausura de sedes no solo implica la pérdida de puestos de trabajo, sino que afecta directamente a los ciudadanos que residen en localidades alejadas de los grandes centros urbanos. En Villa Manzano, provincia de Neuquén, el cierre definitivo de la sede generó el repudio del intendente local, Daniel Hernández, quien cuestionó la falta de comunicación institucional y destacó los esfuerzos municipales por mantenerla abierta.

En muchos de esos pueblos no existen delegaciones bancarias ni dependencias, por lo que la desaparición del correo amplía las dificultades de acceso para miles de habitantes.

El sindicato también denuncia una profunda distorsión en la estructura administrativa. Según el representante gremial de FOECYT Alberto Cejas, la conducción incorporó más de un centenar de funcionarios políticos con remuneraciones significativamente superiores a las del resto del personal, una situación que —afirma— altera los indicadores salariales de la empresa. De acuerdo con el gremio, la mayoría de los trabajadores percibe ingresos de entre 700.000 y 900.000 pesos mensuales.

La disputa salarial constituye otro frente abierto. La conducción del Correo ofreció una recomposición del 6,6%, propuesta rechazada por FOECYT por considerarla insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo. La organización reclama una actualización inicial del 15% y exigió la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias, al advertir que la pérdida de ingresos compromete las condiciones de vida de los empleados.

En este aspecto al ajuste de personal, la empresa incorporó 240 equipos robotizados e inteligencia artificial para automatizar la clasificación de envíos, una decisión que para el gremio forma parte del mismo proceso de transformación. Mientras la conducción presenta esa modernización como una mejora operativa, la representación sindical interpreta que incrementa el atractivo de la compañía para una eventual transferencia al capital privado al reducir futuras necesidades de inversión.

El alcance de las medidas también comenzó a trasladarse al plano político. En la Legislatura bonaerense fueron presentadas iniciativas de repudio al cierre de sucursales, cuyos impulsores sostienen que la reducción de la red postal desconoce las particularidades del interior del país y debilita un servicio considerado esencial para numerosas comunidades.

Con miles de trabajadores menos, centenares de oficinas cerradas, un conflicto paritario sin resolución y una reorganización que modifica el funcionamiento histórico de la empresa, el futuro del Correo Argentino se convirtió en uno de los puntos más sensibles del proceso de redefinición del sector público impulsado por el Gobierno nacional. Mientras el Ejecutivo defiende la reducción de costos y la modernización de la compañía, los sindicatos advierten que detrás de ese rediseño se perfila un cambio estructural que podría desembocar en la privatización de una de las empresas estatales con mayor presencia territorial del país.