Autopistas y concesiones: el plan oficial frente a una red vial marcada por el deterioro

El Ejecutivo nacional prepara una nueva licitación para concesionar corredores estratégicos, construir autopistas y ampliar carriles mediante inversión privada. La iniciativa busca modernizar la red vial, aunque llega en un contexto de fuerte deterioro de numerosas rutas nacionales, donde el déficit de mantenimiento se ha convertido en una de las principales preocupaciones de transportistas, productores y usuarios.

La administración nacional avanza en una nueva etapa de la Red Federal de Concesiones, un programa que contempla la participación del sector privado en la administración de corredores viales y en la ejecución de obras destinadas a ampliar la capacidad de circulación y mejorar la conectividad logística del país.

El proyecto prevé la construcción de nuevas autopistas, la incorporación de terceros carriles y otras intervenciones sobre rutas consideradas estratégicas para el transporte de personas y mercaderías. La iniciativa se inscribe en la política oficial de trasladar al ámbito privado gran parte de las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura vial.

Sin embargo, el anuncio también pone de relieve la magnitud del desafío que enfrenta el sistema de rutas nacionales. En extensos tramos del país, el desgaste del pavimento, la falta de mantenimiento, la escasa señalización y el deterioro de banquinas han convertido la circulación en una preocupación permanente para quienes transitan diariamente por esos corredores. La demanda de obras no responde únicamente a la necesidad de ampliar la capacidad de las rutas, sino también de recuperar condiciones básicas de seguridad y transitabilidad.

Las nuevas licitaciones presentarían obras y novedades en prácticamente todas las provincias, excepto Misiones, Tierra del Fuego y, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires. A simple vista, el esquema tiene cuatro focos donde se concentra la mayoría de las rutas. El primero, y más importante de acuerdo a la extensión, es el que rodea a todo el complejo energético que une Vaca Muerta, en Neuquén, con el puerto de Bahía Blanca. El segundo bloque está localizado en la zona centro, al norte de Córdoba y en un complejo de rutas que unen las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca. Luego, Salta y Jujuy, con dos caminos, uno de ellos está en plena obra de ampliación, para unir las provincias con el límite de Bolivia. Finalmente, también hay obras en nodos importantes como los puertos de la zona de Rosario y Santa Fe y una parte de Entre Ríos, donde se extrae la arena que viaja a Vaca Muerta, y en la Patagonia, corredores y concesiones en rutas cercanas a Rawson, Trelew y Puerto Madryn, y más abajo, en algunos la zona aledaña a Comodoro Rivadavia.

Lo que está en marcha actualmente es el proceso de concesión de alrededor de 9000 kilómetros que antes estaban en la empresa estatal Corredores Viales. Mediante este esquema, que se licitaron varias etapas, ya se entregó la ruta del Mercosur (12 y 14) a la empresa Cartellone, una compañía constructora mendocina que tiene a gran parte de sus ejecutivos imputados y en juicio oral en el caso Cuadernos. Las otras están en distintas etapas de ese llamado a concurso. Allí se pelean las principales constructoras del país, la gran mayoría imputadas en este proceso y alguna de ellas con ejecutivos confesos. El más largo, que lo ganó una empresa del Grupo Cartellone, cuyos dueños y ejecutivos están imputados en la causa Cuadernos, tiene la autorización para colocar una cabina más, en la zona de Paso de los Libres, cerca del límite con Brasil, que se sumará a las cuatro existentes.

La nueva licitación será evaluada no solo por el volumen de inversiones comprometidas, sino por la capacidad efectiva de traducir los anuncios en obras concretas, plazos de ejecución cumplidos y mejoras perceptibles para los usuarios. La experiencia de concesiones anteriores demuestra que el éxito del esquema dependerá tanto de la calidad de los contratos como de los mecanismos de control sobre las empresas adjudicatarias.

En este sentido, la modernización de la infraestructura vial constituye una necesidad largamente postergada para un país cuya actividad económica depende en gran medida del transporte terrestre. El desafío para el Gobierno será demostrar que esta nueva etapa de concesiones puede convertirse en una respuesta efectiva frente al deterioro acumulado de una parte significativa de la red nacional y no quedar reducida a una nueva promesa de inversión.