El Estado perdió más de 70.000 empleos desde la llegada de Milei

El último informe del INDEC confirmó que la dotación del Sector Público Nacional volvió a contraerse durante mayo. Desde el inicio de la actual gestión se eliminaron más de 70.000 puestos de trabajo, mientras la reducción alcanza ministerios, organismos descentralizados, empresas públicas y sociedades estatales, consolidando una transformación estructural de la administración nacional.

La reducción del aparato estatal continúa avanzando a un ritmo sostenido y ya constituye uno de los ejes más profundos de la política de reorganización impulsada por el Gobierno nacional. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) muestran que, al cierre de mayo de 2026, el Sector Público Nacional empleaba a 273.365 personas, una cifra que representa una disminución del 22% respecto de noviembre de 2023, cuando la administración de Javier Milei inició su mandato con una planta cercana a los 343.000 trabajadores.

La magnitud del proceso permite dimensionar el alcance de la denominada «motosierra» sobre la estructura estatal. En apenas un año se perdieron más de 17.000 empleos y, desde el cambio de gobierno, las desvinculaciones ya superan las 70.000, entre despidos, retiros, jubilaciones no reemplazadas y contratos que dejaron de renovarse.

El informe oficial también evidencia que la tendencia no muestra señales de desaceleración. Solo durante mayo la dotación volvió a reducirse un 0,5% respecto del mes anterior, mientras que la comparación interanual refleja un retroceso del 6,1%, confirmando que el achicamiento continúa extendiéndose sobre prácticamente toda la estructura estatal.

Ministerios con menos personal

Dentro de la administración centralizada, que actualmente reúne a 38.452 trabajadores, el ajuste presentó comportamientos diferenciados según cada cartera, aunque predominó una reducción prácticamente generalizada.

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado encabezó la disminución mensual con una baja del 2,9%, seguido por la Jefatura de Gabinete, que redujo su plantilla un 2,2%, y el Ministerio de Justicia, con una caída del 1,3%.

Las áreas de mayor dimensión también continuaron disminuyendo su personal. El Ministerio de Economía redujo un 0,8% su dotación y quedó con 7.853 agentes, mientras que Capital Humano registró una merma del 0,6%, alcanzando los 7.919 trabajadores.

Las únicas excepciones fueron los ministerios de Defensa e Interior, que exhibieron incrementos marginales, insuficientes para modificar la tendencia descendente del conjunto de la administración nacional.

Organismos estratégicos bajo revisión

El mayor volumen de empleo continúa concentrándose en la administración descentralizada, integrada por 112.112 trabajadores. Sin embargo, también allí el proceso de reducción mantiene un ritmo significativo, con una caída interanual del 7,1%.

Uno de los casos más relevantes corresponde a la ANSES. El organismo previsional registró una reducción mensual del 7,5%, operando actualmente con 11.228 empleados, una contracción que vuelve a instalar interrogantes sobre la capacidad operativa de una de las dependencias con mayor volumen de atención al público.

El ajuste también alcanzó a organismos técnicos y científicos.

El Servicio Meteorológico Nacional sufrió una disminución del 13,3% en apenas un mes, constituyéndose en uno de los organismos más afectados del período.

El Instituto Nacional de Semillas redujo su estructura un 2,5%, mientras que el CONICET logró sostener sin cambios su planta durante mayo, aunque continúa condicionado por la virtual paralización del ingreso de nuevos investigadores y personal especializado, una situación que el sistema científico viene señalando desde hace meses como uno de los principales desafíos para el desarrollo del sector.

Empresas públicas: menos personal y avance de las liquidaciones

La política de racionalización también alcanzó al universo empresarial del Estado.
Actualmente las empresas y sociedades con participación estatal reúnen 87.867 trabajadores, lo que representa una disminución interanual del 4,8%. Aunque Aerolíneas Argentinas mantuvo estable su dotación durante mayo, otras compañías continuaron reduciendo personal.

BICE Fideicomisos encabezó las bajas del sector con una contracción mensual del 10,1%, seguida por Nación Bursátil (-6,3%) y Nación Reaseguros (-5,9%).

La Operadora Ferroviaria S.E., la empresa pública con mayor cantidad de empleados del país, también redujo su plantilla un 0,5%, quedando con 19.725 trabajadores.

Paralelamente, el informe oficial refleja que la reorganización estatal ya no se limita a la reducción de personal sino que avanza sobre la propia arquitectura del sector público empresarial.

Durante mayo desapareció del relevamiento el Centro de Ensayos de Alta Tecnología (CEATSA), cuya disolución redujo de 123 a 122 el número de empresas relevadas por el INDEC. A ello se suma la incorporación formal de la Administración General de Puertos S.A.U. al listado de sociedades en proceso de liquidación, una señal de que la estrategia oficial continúa orientada a disminuir la participación estatal en actividades empresariales.

Una transformación de fondo

Las cifras del INDEC consolidan una de las modificaciones más profundas registradas en la administración pública nacional durante las últimas décadas. La reducción de personal dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una política transversal que alcanza ministerios, organismos descentralizados, institutos científicos y empresas estatales.

Mientras el Gobierno sostiene que el objetivo es reducir el gasto público, mejorar la eficiencia administrativa y equilibrar las cuentas fiscales, las organizaciones sindicales advierten que la continuidad de los recortes compromete la capacidad operativa del Estado, deteriora áreas estratégicas y limita la prestación de servicios esenciales.

Con más de 70.000 puestos eliminados desde diciembre de 2023 y un proceso que aún permanece activo, la reconfiguración del empleo público se consolida como uno de los cambios estructurales más significativos de la actual gestión y uno de los principales focos de disputa entre la administración nacional y los gremios estatales.