El desembarco del grupo Manzano-Vila abre un nuevo frente sindical en las estaciones de servicio

La adquisición de los activos de Shell por más de US$1.400 millones reavivó las alertas en el gremio de estaciones de servicio. El sindicato advierte que la nueva legislación laboral podría facilitar la creación de una organización sindical por empresa, con capacidad para negociar condiciones laborales propias y desplazar el convenio colectivo vigente que alcanza a miles de trabajadores.

La venta de la red de 894 estaciones de servicio de Shell al consorcio integrado por Mercuria Energy Group e Integra, la sociedad encabezada por José Luis Manzano y Daniel Vila, abrió un nuevo foco de tensión dentro del movimiento sindical. Más allá del cambio accionario, el principal interrogante gira en torno al impacto que la reforma laboral podría tener sobre la representación gremial y el futuro del convenio colectivo que regula la actividad.

La operación, valuada en más de 1.400 millones de dólares, no sólo constituye uno de los movimientos empresariales más relevantes del año en el mercado energético argentino. También instaló una discusión que trasciende el plano comercial: la posibilidad de que la nueva conducción impulse la conformación de un sindicato de empresa, una alternativa contemplada por el nuevo marco normativo y que modificaría el esquema tradicional de negociación colectiva.

La preocupación fue expresada por el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires (SOESGYPE), conducido por Carlos Acuña. En la organización interpretan que una representación sindical circunscripta a una única empresa podría fragmentar la negociación salarial y debilitar el alcance del convenio colectivo que actualmente unifica las condiciones laborales de la actividad.

El debate adquiere especial relevancia porque la reglamentación de la reforma laboral reconoce mayor margen para la negociación por empresa, una herramienta que distintos sectores sindicales consideran funcional a procesos de descentralización de derechos. En la CGT observan con inquietud esa posibilidad y advierten que la fragmentación de la representación facilitaría la implementación de condiciones laborales diferenciadas entre establecimientos de una misma rama de actividad.

Uno de los puntos que concentra mayor resistencia es la eventual incorporación de esquemas de remuneración variables o «salarios dinámicos», vinculados al desempeño económico de cada estación de servicio o región. Desde el sindicato sostienen que ese mecanismo pondría en discusión los pisos salariales actualmente garantizados por el convenio colectivo y habilitaría diferencias remunerativas según la rentabilidad de cada empresa, debilitando uno de los principios históricos de la negociación por actividad.

La inquietud no se limita al área metropolitana. La Federación del Interior de Trabajadores de Estaciones de Servicio (FITESGRA) también sigue de cerca la evolución del proceso, consciente de que cualquier modificación en una de las principales cadenas de comercialización de combustibles podría convertirse en antecedente para otras compañías del sector.

Mientras tanto, entre los trabajadores predominan la incertidumbre y la expectativa frente a los planes que desarrollen los nuevos propietarios. Además de exigir que se preserven las fuentes laborales, las organizaciones gremiales reclaman la reincorporación de empleados desvinculados durante los últimos meses y garantías de que el cambio societario no será utilizado para impulsar una flexibilización de las condiciones de trabajo.

La discusión pública supera los límites del caso Shell. Para buena parte del movimiento obrero, la operación representa la primera gran prueba sobre los efectos concretos que podría tener la reforma laboral en la negociación colectiva argentina. Lo que hoy se discute en una red de 894 estaciones de servicio podría convertirse en un precedente para otros sectores de la economía, donde empresas y sindicatos ya comienzan a medir el alcance real del nuevo régimen laboral impulsado por el Gobierno nacional.