La CGT endurece su estrategia frente a Milei y prepara una ofensiva de alcance nacional

La central obrera resolvió avanzar con movilizaciones federales, acciones legales y un programa político propio. La conducción evitó un paro inmediato, pero comenzó a construir una escalada que busca reunir al movimiento obrero, las Pymes y otros sectores afectados por el rumbo económico.

La Confederación General del Trabajo decidió ingresar en una profundización de la disputa política y económica con el gobierno de Javier Milei. Lejos de limitar la respuesta a una sucesión de protestas gremiales, la conducción cegetista aprobó un plan integral que combina movilización territorial, judicialización de la reforma laboral y construcción de una alternativa política propia, convencida de que el deterioro del empleo registrado y la pérdida de capacidad productiva configuran un fenómeno que trasciende la discusión estrictamente sindical.

La resolución adoptada por el Consejo Directivo, reunido durante más de cuatro horas en la sede de Azopardo, refleja un cambio de escala en la respuesta del movimiento obrero. El objetivo ya no se concentra únicamente en cuestionar la Ley de Modernización Laboral, sino en instalar una agenda nacional que vincule empleo, producción, negociación colectiva, financiamiento del sistema de salud sindical y recuperación del aparato industrial.

En esa lógica, la CGT convocará a sus regionales en todo el país para desplegar un esquema progresivo de acciones que incluirá asambleas, volanteadas, movilizaciones y marchas federales, antes de confluir en un paro nacional cuya fecha será definida cuando la central considere consolidada la articulación con el resto de los actores sociales.

La decisión revela, además, una lectura política de la coyuntura. Aunque sectores de perfil más combativo impulsaban una huelga general inmediata de 36 horas, la mayoría de la conducción optó por privilegiar una acumulación gradual de respaldo social, convencida de que una medida de fuerza adquiere mayor eficacia cuando expresa un malestar que excede al universo sindical.

La reforma laboral abre un nuevo frente judicial

Otro de los ejes centrales pasa por los tribunales. La CGT resolvió instruir a cada sindicato confederado para que presente acciones de amparo destinadas a preservar la ultraactividad de los convenios colectivos, uno de los principios históricos del sistema argentino de relaciones laborales.

La conducción sostiene que diversos aspectos de la reglamentación alteran derechos incorporados durante décadas de negociación colectiva y anticipa un proceso de fuerte litigiosidad entre organizaciones gremiales, empresas y Estado.

«Estamos convencidos de que existen disposiciones incompatibles con la Constitución y eso genera una enorme inseguridad jurídica», afirmó Jorge Sola al término de la reunión. El dirigente también advirtió que muchas compañías podrían enfrentar futuras condenas judiciales si aplican interpretaciones que reduzcan derechos convencionales.

La ofensiva legal se complementará con las presentaciones que la CGT ya impulsa ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde denuncia presuntas vulneraciones a los convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva.

El empleo y la producción, en el centro del discurso gremial

Uno de los cambios más significativos del documento político elaborado por la central consiste en desplazar el eje exclusivamente salarial hacia una mirada más amplia sobre la economía.
La conducción procuró instalar que la crisis del empleo no puede analizarse separadamente de la caída de la actividad productiva, el cierre de empresas y la retracción de la inversión.

En ese sentido, Jorge Sola sostuvo que la desaparición de unas 26.000 pequeñas y medianas empresas constituye una señal de alarma para todo el sistema económico y reivindicó la necesidad de reconstruir una alianza entre trabajadores y el empresariado nacional.

«Necesitamos que existan empleadores para que haya empleo. Somos socios estratégicos de quienes producen», resumió el dirigente, marcando una diferenciación entre el universo Pyme y los grandes grupos económicos que la CGT identifica como beneficiarios del actual modelo.

Ese posicionamiento procura ampliar la base social del sindicalismo, incorporando a los sectores productivos afectados por la caída del consumo, el encarecimiento financiero y la reducción de la actividad industrial.

La construcción de un proyecto político

Las definiciones adoptadas en Azopardo también proyectan al movimiento obrero hacia el próximo ciclo electoral.
La conducción confirmó que comenzará a elaborar un programa político propio con el propósito de influir en la conformación de candidaturas y fijar compromisos concretos en materia de empleo, producción, desarrollo industrial y protección de los derechos laborales.

La iniciativa supone un intento por recuperar capacidad de incidencia en el sistema político luego de un período en el que el sindicalismo perdió protagonismo dentro de los principales espacios partidarios.