El Congreso avanzó con el Súper RIGI y reabrió el debate sobre el modelo de desarrollo argentino

Con 130 votos afirmativos, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen para proyectos tecnológicos y digitales de gran escala. La iniciativa reduce la carga tributaria, garantiza estabilidad normativa por tres décadas —prorrogables a cuarenta años— y habilita el arbitraje internacional. Especialistas y legisladores advierten que el esquema reproduce las limitaciones del RIGI original: escasa generación de empleo, concentración económica y mayores condicionamientos para la política ambiental.

El oficialismo consiguió en la Cámara de Diputados la media sanción del denominado Súper RIGI, un régimen de promoción destinado a grandes inversiones en infraestructura tecnológica y digital que amplía los beneficios otorgados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones aprobado con la Ley Bases. El proyecto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, establece condiciones excepcionales para emprendimientos superiores a los 1.000 millones de dólares, con un esquema de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios de largo plazo que reavivó el debate sobre el rumbo del modelo productivo argentino.

La iniciativa contempla una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 15%, elimina aranceles para la importación de bienes de capital, habilita la libre disponibilidad de divisas —hasta alcanzar el 100% desde el tercer año— y garantiza estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y de seguridad social durante 30 años, con posibilidad de extender ese plazo a 40. Además, habilita que eventuales controversias sean resueltas en tribunales arbitrales internacionales, incluido el CIADI.

Durante el debate parlamentario surgieron fuertes cuestionamientos sobre el alcance del régimen. El diputado Maximiliano Ferraro sostuvo que se trata de «un régimen de excepción quizás nunca visto» y aseguró que la iniciativa parece diseñada para beneficiar a grandes conglomerados tecnológicos internacionales, en alusión al empresario Peter Thiel.

El análisis también se apoya en los resultados obtenidos por el RIGI vigente desde 2024. Lejos de impulsar una diversificación de inversiones, la mayor parte de los proyectos aprobados se concentró en minería, petróleo y gas. De los primeros siete emprendimientos autorizados, seis pertenecen a actividades extractivas, mientras que ramas con mayor capacidad de generación de empleo continúan mostrando dificultades. La industria manufacturera permanece entre 5,5% y 6% por debajo de los niveles registrados a fines de 2024 y la construcción acumula una caída superior al 24%, de acuerdo con los datos citados durante el debate.

La generación de puestos de trabajo aparece como uno de los principales focos de discusión. Los 16 proyectos aprobados hasta el momento, que representan inversiones cercanas a los 30.000 millones de dólares, proyectan alrededor de 54.500 empleos directos e indirectos, una cifra reducida frente al volumen de recursos comprometidos y muy inferior al empleo que sostiene la industria manufacturera, que reúne cerca de un millón de trabajadores registrados.

Diversos especialistas sostienen que el régimen favorece actividades intensivas en capital, con baja demanda de mano de obra y escasos encadenamientos con proveedores nacionales. Desde el centro de estudios Misión Productiva advirtieron que el nuevo esquema profundiza un modelo de economía segmentada, donde un reducido grupo de grandes inversiones opera bajo reglas fiscales excepcionales, mientras las pequeñas y medianas empresas enfrentan mayores costos y pérdida de competitividad.

Las objeciones también alcanzan el plano ambiental. Buena parte de las inversiones promovidas se desarrollan sobre áreas de alta sensibilidad ecológica, como salares, cuencas hídricas y regiones cordilleranas vinculadas a la extracción de litio, cobre y oro. Los críticos señalan que la estabilidad regulatoria garantizada durante tres décadas limita la posibilidad de introducir futuras exigencias ambientales sin afectar los derechos adquiridos por los inversores. Durante la sesión, el diputado Carlos Castagneto advirtió que el régimen consolida un esquema de explotación de recursos naturales con elevados costos ambientales y escasos beneficios distributivos.

El nuevo programa incorpora además proyectos vinculados con centros de datos, inteligencia artificial, telecomunicaciones e infraestructura digital, actividades que requieren importantes consumos de energía y agua, pero generan una demanda relativamente reducida de empleo permanente.

El tratamiento parlamentario coincidió además con la aprobación del pago de 171 millones de dólares a los fondos Attestor y Bainbridge, una decisión que volvió a instalar el debate sobre las prioridades económicas del Gobierno. El contraste también aparece en los indicadores de inversión extranjera directa, que entre enero y noviembre de 2025 registraron un saldo negativo de 1.521 millones de dólares, reflejando procesos de desinversión y salida de capitales pese a la vigencia del RIGI.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el Súper RIGI abre una nueva etapa del debate sobre el plan de desarrollo impulsado por el Gobierno. Mientras el oficialismo sostiene que el régimen permitirá atraer inversiones de gran escala y acelerar proyectos estratégicos, sus detractores advierten que la ampliación de beneficios fiscales y regulatorios consolida un esquema con baja capacidad para generar empleo, escaso impacto sobre el entramado industrial y mayores condicionamientos para la administración futura de los recursos naturales.