Con respaldo de todo el arco político, San Juan rechazó la avanzada territorial de La Rioja

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una declaración de repudio a la ley impulsada por el gobierno riojano para sostener su reclamo territorial sobre sectores actualmente bajo jurisdicción sanjuanina. El conflicto involucra áreas de alto valor económico vinculadas a la minería y al patrimonio turístico provincial.

La disputa limítrofe entre San Juan y La Rioja sumó un nuevo foco de conflicto institucional. Con una votación unánime de 34 votos afirmativos, la Cámara de Diputados sanjuanina rechazó formalmente la legislación promovida por el gobernador riojano Ricardo Quintela y ratificó la plena vigencia de los límites provinciales reconocidos por la normativa nacional.

La declaración aprobada exhibió una coincidencia poco frecuente entre oficialismo y oposición. El consenso alcanzado reflejó la decisión de cerrar filas frente a un planteo que en San Juan consideran jurídicamente saldado y potencialmente perjudicial para intereses económicos estratégicos de la provincia.

El centro del debate radica en sectores de enorme relevancia territorial y productiva, entre ellos el Parque Provincial Ischigualasto —uno de los principales emblemas turísticos del país— y áreas cordilleranas vinculadas al desarrollo minero. Para la dirigencia sanjuanina, la iniciativa impulsada por La Rioja desconoce la legislación nacional que ratificó los límites interprovinciales y plantea un panorama inédito sobre proyectos de inversión de gran escala.

Durante el debate legislativo, distintos bloques coincidieron en advertir que el reclamo trasciende una discusión cartográfica. El diputado Juan Cruz Córdoba sostuvo que la avanzada riojana podría generar señales negativas para el sector minero en momentos en que la provincia busca consolidar inversiones millonarias en la cordillera. En la misma línea, Franco Aranda afirmó que no existe una controversia técnica pendiente de resolución y atribuyó el conflicto a una decisión política adoptada por la administración de Quintela.

La posición fue compartida por legisladores de distintos espacios. Mario Herrero destacó el amplio acuerdo alcanzado en la Legislatura y consideró que la medida impulsada por La Rioja rompe consensos institucionales construidos durante décadas alrededor de los límites provinciales.

El trasfondo del conflicto no es menor. En los últimos meses, las tensiones reaparecieron a partir de diferencias vinculadas con el desarrollo de emprendimientos mineros en la zona fronteriza. Uno de los episodios más relevantes ocurrió cuando una resolución judicial dictada en Chilecito afectó temporalmente actividades vinculadas al proyecto Vicuña y limitó la circulación por corredores estratégicos de la región. Aunque posteriormente se alcanzaron acuerdos operativos, la sanción de la ley riojana fue interpretada en San Juan como un nuevo intento de reabrir una cuestión que considera definitivamente resuelta.

La respuesta legislativa buscó precisamente enviar una señal política contundente. Más allá de las diferencias partidarias, el sistema político sanjuanino exhibió una posición común frente a un reclamo que entiende incompatible con el marco legal vigente.

Con la declaración aprobada por unanimidad, San Juan reforzó institucionalmente su defensa sobre territorios que considera irrenunciables y dejó planteado que la discusión ya no se limita a una cuestión de límites. Detrás de la controversia aparecen intereses vinculados al desarrollo minero, la seguridad jurídica de las inversiones y la preservación de uno de los patrimonios naturales más importantes del país.